El Presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sostendrán este domingo una reunión para llegar a consensos jurídicos que ayuden a aclimatar el proyecto de ‘paz total’ que busca el Gobierno.

Uno de los puntos cruciales a superar es que los criterios gubernamentales no concuerdan con los del jefe del ente acusador, y con los de la misma Rama Judicial (Procuraduría y jueces), en torno a la normatividad y beneficios que se pueden aplicar.

En el flanco de la negociación con grupos alzados en armas a los que se les puede reconocer estatus político no hay mayor contradicción.

En el segundo flanco de la política de “paz total” hay un choque de criterios jurídicos evidente entre Gobierno y Fiscalía.

Esto porque el Ejecutivo quiere adelantar un proceso flexible de sometimiento a la justicia con tres facciones más, al punto que desde comienzos de enero expidió sendos decretos sobre cese el fuego con esas facciones, pese a que a estas organizaciones no se les puede reconocer ningún móvil político (viable solo para los delitos de subversión, rebelión y asonada).