El presidente Juan Manuel Santos objetó el proyecto de ley "por medio de la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva”.

Según el Gobierno Nacional, Colombia cuenta con una “completa política pública de prevención de la infertilidad y una de atención integral en salud, que atiende plenamente las obligaciones del Estado en esa materia”, por lo cual se objetó el proyecto de ley que establecía lineamientos en ese sentido.

Para Santos lo que se ha venido estableciendo es que la infertilidad tiene una prevalencia baja dentro de la población colombiana, mientras que el esfuerzo fiscal que tendría que hacer el Estado es bastante considerable, dado el alto costo de los tratamientos mediante técnicas de reproducción humana asistida o terapias de reproducción.

El Gobierno consideró que la iniciativa vulnera el principio de sostenibilidad fiscal, toda vez que los tratamientos de infertilidad (inseminación artificial intrauterina y fecundación in vitro) para toda la población que lo requeriría, pueden llegar a costa cerca de $13 billones, para lo cual el proyecto no dispuso de fuentes adicionales de recursos y conceptos emitidos por el Ministerio de Hacienda.

Desde la Casa de Nariño se informó que “el legislador no dispuso una fuente adicional de recursos, con lo que se pone en riesgo la atención de los servicios de salud a los que accede toda la población, unos 4 millones de afiliados, debido a que se verán afectados los recursos disponibles para financiar los beneficios en salud a los que actualmente tienen derecho”.