Al ritmo anual en que se están ejecutando los recursos del posconflicto, la implementación del Acuerdo Final de Paz se lograría en 26 años, advirtió la Contraloría General de la República. 

Esta es una de las principales conclusiones del Quinto Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos y Cumplimiento de las Metas del Acuerdo de Paz, que entregó este organismo de control al Congreso de la República y reveló en el Foro “Así van los recursos y las percepciones del posconflicto”, organizado conjuntamente con la Universidad de Los Andes. 

Para la Contraloría es claro que “si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5 por ciento desde la firma del acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación. En ninguno de los años, desde 2017, se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por lo que, a este ritmo (en promedio $5,6 billones anuales), la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años”. 

Se han presentado rezagos en el cumplimiento de lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de $8 billones en 2017-2018, $4 billones en 2019-2020 y $3 billones en el 2021. 

¿Qué vio la Contraloría? 

Este informe de la CGR al Congreso presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los 6 puntos del Acuerdo Final de Paz: 1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política, 3. Fin del Conflicto, 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 5. Acuerdo sobre las Víctimas y 6. Mecanismos de Implementación y Verificación.  

 En el tema de recursos, algunos riesgos detectados por la CGR son desfinanciación de la implementación, por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP),  desbalance en la ejecución de recursos en algunos pilares del Acuerdo Final, frente a apuestas estructurales y cronogramas de la implementación, riesgos asociados a la debilidad técnica de los municipios, además del bajo nivel de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos que conlleva a incumplimientos, deficiencias de calidad y pérdida de valor de las inversiones.  

Un estudio sectorial y una auditoría de cumplimiento de la CGR al OCAD Paz del SGR en 2020, evidenciaron deficiencias en la planeación y ejecución de los recursos, que van desde aprobaciones de proyectos en regiones no priorizadas del Acuerdo Final hasta deficiencias en la estructuración de pliegos, ejecución directa de algunas obras en licitaciones, detrimentos patrimoniales, procedimientos constructivos deficientes y utilización de materiales con mala calidad, entre otros.  

Lupa a recursos del posconflicto con analítica de datos  

Como novedad, se aplica en este Quinto Informe de Seguimiento a los Recursos del Posconflicto una herramienta importantísima para el análisis de la información: el Modelo de Analítica de Datos de Posconflicto y Víctimas. 

En el marco de este modelo se han desarrollado ejercicios referentes a subsidios de vivienda, indemnizaciones y ayudas humanitarias, con hallazgos de inconsistencias por $82.810 millones. Esto ha llevado a la Contraloría a programar una actuación especial fiscalización para evaluar la gestión respecto a los recursos destinados al pago de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria a la población víctima del conflicto armado, durante las vigencias 2014 a 2020. 

Desarrollado en conjunto por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Contraloría Delegada para el Posconflicto, el propósito de este modelo es aplicar técnicas de inteligencia artificial que permiten identificar irregularidades en el uso de recursos fiscales. Con su uso se generaron alertas al seguimiento de la contratación pública asociada al posconflicto y a los recursos del Sistema General de Regalías (SGR). 

Adicional a esto, el informe de la CGR al Congreso cuenta con los análisis derivados directamente de los resultados de Auditorías realizadas durante la vigencia mencionada, trabajo realizado por la Contraloría Delegada para el Posconflicto de la mano de las Contralorías Sectoriales.