El Gobierno colombiano reaccionó de forma "lenta y deficiente" ante los más de 400 asesinatos de defensores de derechos humanos que han tenido lugar desde la firma de la paz, en noviembre de 2016, según denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW) en un nuevo informe.

Los asesinatos de defensores de los derechos humanos aumentaron desde la desmovilización de las FARC en 2017, debido al hueco que llenaron otros grupos armados y disidencias que se disputan los territorios.

En ese panorama, según muestra el informe "Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia" publicado este miércoles, las autoridades no fueron capaces de ejercer un control efectivo y asegurar su presencia de una forma no militar para evitar la violencia.

"El Gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos", denunció la ONG.

Así, y según cifras de la ONU, los asesinatos de líderes sociales aumentaron de 41 en 2015 a 108 en 2019. Además, en 2020 documentó otros 53 casos y está verificando 70 más.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, esas cifras son mayores, pues entre 2016 y 2020 fueron registrados en Colombia al menos 710 asesinatos de defensores de derechos humanos.

Falta de protección 

Mediante más de un centenar de entrevistas a autoridades, integrantes de la fuerza judicial, activistas, organizaciones sociales y miembros de la fuerza pública, HRW constató la falta de eficacia del Gobierno para responder a las amenazas a defensores de derechos humanos.

Holmes Alberto Niscué, un líder indígena awá, había recibido amenazas en junio, dos meses antes de que dos hombres lo asesinaran a tiros cuando estaba en un bar. Contaba con protección y se había marchado del pueblo, Tumaco, en el departamento de Nariño (suroeste), donde le amenazaron, pero no fue suficiente.

Rodrigo Salazar Quiñones, otro líder indígena de la misma zona, también había denunciado múltiples amenazas de grupos armados desde 2014 y le habían asignado tres escoltas y un vehículo armado, pero en 2020 se le redujo la protección a un solo escolta y un teléfono, y fue asesinado el 9 de julio de ese año, cuando ni siquiera le acompañaba el escolta.

"Colombia tiene un gran número de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación a menudo ha sido pobre", denunció la ONG de derechos humanos.

Uno de los cuerpos dedicados a esta tarea, la Unidad Nacional de Protección, dependiente del Ministerio del Interior, se esfuerza por ofrecer protección individual a quien denuncia ante la Fiscalía, pero "su presupuesto es muy limitado y la Unidad ha rechazado la gran mayoría de las solicitudes de protección colectiva que ha recibido", asevera HRW.

Otro de los mecanismos de alerta con los que cuenta el Gobierno, que es el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, no ha servido para que, como bien indica el nombre, se responda tempranamente en el terreno a las amenazas.

HRW reconoce, por otro lado, los esfuerzos por llevar a los culpables ante la Justicia, con 59 condenas por asesinatos de defensores de derechos humanos, aunque alega que "hacen falta esfuerzos mucho más serios para enjuiciar a quienes hayan ordenado estos crímenes, así como para desmantelar a los grupos armados responsables de estos asesinatos".

Para ello, indica la falta de un "cuerpo especial" de jueces para este tipo de crímenes, una medida anunciada por el presidente colombiano, Iván Duque, en mayo de 2019.

"A fin de cumplir sus obligaciones con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, el Gobierno de Duque debe realizar esfuerzos genuinos para financiar e implementar políticas efectivas orientadas a prevenir los asesinatos de defensores de derechos humanos y proteger sus derechos", indicó la ONG.

EFE