El Gobierno colombiano anunció este lunes medidas adicionales de seguridad para los desmovilizados de las FARC centradas en la "autoprotección", luego de tres asesinatos reportados este mes, que se suman a los 77 de 2019, el año más violento para los exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz.

Una de las decisiones que se tomó "es acelerar los cursos de capacitación en autoprotección", explicó este lunes el alto consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, al finalizar una reunión de la Mesa de Articulación Institucional sobre seguridad de los excombatientes.

Archila mencionó como medidas prioritarias la programación de reuniones interinstitucionales en las regiones que acogen el mayor número de desmovilizados, la capacitación en autoprotección, la instalación de circuitos cerrados de televisión en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y la coordinación con el partido FARC.

"He hablado en varias ocasiones con el componente FARC, les he manifestado lo muy importante de que trabajemos con ellos, les he pedido que nos indiquen qué modalidades, con qué protocolos o condiciones ellos se sienten tranquilos para poder tener un dialogo", indicó el funcionario.

Medidas de urgencia

El anuncio del Gobierno tiene lugar tras los asesinatos este mes de los exguerrilleros Jhon Fredy Vargas Rojas, en Pitalito (Huila); Hober Arias Giraldo, en Dabeiba (Antioquia); y Benjamín Banguera Rosales, en el convulso departamento del Cauca (suroeste).

Además, la Misión de Verificación de la ONU concluyó que 2019 fue "el año más violento" para los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz, con 77 asesinatos, frente a 65 en 2018 y 31 en 2017.

El Gobierno asegura que aunque actualmente se aplican medidas de protección a más de 8.900 excombatientes que están fuera de los antiguos Espacios de Reincorporación, esa población dispersa en unos 522 municipios constituye el "mayor desafío" de seguridad ya que habitan en zonas con presencia de diferentes grupos armados ilegales.

Por ello, según Archila, se contemplan nuevas acciones con un plan de soporte y acompañamiento de la Policía.

"El 5 de febrero nos reuniremos con 180 alcaldes y 20 gobernadores de las zonas donde se concentra la mayor parte de los excombatientes para analizar más de 40 acciones específicas para el fortalecimiento de medidas de protección particularizadas e individualizadas de acuerdo a la situación en cada una de las regiones", agregó.

Continuas denuncias de FARC

En lo corrido de este mes, el partido colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la antigua guerrilla, ha acentuado sus denuncias por el asesinato y amenazas contra los desmovilizados y la "indiferencia" del Gobierno.

A ello se sumó el plan para atentar contra el líder de FARC, Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', que la Policía colombiana dijo a comienzos de enero haber impedido y que la ONU consideró que ilustra los riesgos que corre el proceso de paz colombiano.

"Son más de 180 excombatientes asesinados ante la mirada indiferente de un Gobierno que, además, incumple con lo pactado para la adecuada reincorporación de la familia fariana", dijo hoy Jairo Cala, representante a la Cámara por el partido FARC.

Cala mencionó la muerte del desmovilizado Dimar Torres Arévalo, ocurrido en 2019 en la región del Catatumbo (este), por el que es acusado el teniente coronel retirado del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita.

"No más asesinatos de firmantes de la paz y líderes sociales, el caso de Dimar Torres es solo uno entre cientos. El Gobierno de Iván Duque debe dejar de ser indiferente y torpedear el acuerdo de paz, debe comprometerse a defender la vida, como lo exige la gente en las calles", agregó.

Para la ONU, que supervisa la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, los repetidos ataques contra excombatientes y líderes sociales siguen siendo la principal amenaza para la consolidación de la paz.

En este coincidió este lunes Timochenko, quien afirmó que "la reconciliación debe ser impulsada por el Gobierno para sacar la violencia del ejercicio de la política, desde el diálogo y la acción de la comisión de garantías, para trazar estrategias y detener los asesinatos contra los firmantes de la paz".

EFE