La Fiscalía ordenó que en la menor brevedad posible se practique una auditoría forense a los softwares que serán utilizados en el preconteo y escrutinio de la votación de la segunda vuelta presidencial este domingo.

Este procedimiento se desprende de las investigaciones que adelanta por las irregularidades que se presentaron en los comicios legislativos pasados.

La decisión fue tomada por el fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Cali, José Freddy Restrepo, en un oficio que dirigió al representante a la Cámara electo, José Alberto Tejada.

El funcionario respondió así a un derecho de petición que éste presentó por delitos contra los mecanismos de participación democrática que se habrían presentado en las parlamentarias de marzo, en el que detalla las acciones que ha adelantado la Fiscalía.

“Se ordenaron igualmente las auditorías forenses a los softwares de selección de testigos y jurados, así como los de preconteo, escrutinios y obtención del consolidado de los resultados de las pasadas elecciones a Congreso y la de segunda vuelta de este 19 de junio”.

El fiscal Restrepo señaló en el documento que el pasado 13 de junio envió un oficio al Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, para que, entre otras, “indique por qué se ha comprado un solo software parcial y no total para todo el procedimiento electoral”, como lo ordenó el Consejo de Estado en un fallo del 2018.

Además, la Fiscalía preguntó en ese oficio al Registrador Nacional “qué se ha hecho frente a la denuncia pública del candidato Gustavo Petro, de que en las pasadas elecciones legislativas no se acreditaron debida y oportunamente 12 mil testigos y que hubo 500 mesas donde le quitaron en cada una 100 votos en promedio al candidato del Pacto Histórico”.

Hay que señalar que el pasado miércoles en una misiva que envió el magistrado Luis Guillermo Pérez, del Consejo Nacional Electoral, solicitó al fiscal general, Francisco Barbosa, que “active sus competencias preventivas y de investigación penal” para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En la carta el Magistrado expresó algunas preocupaciones y constancias que ha dejado en las reuniones de la Comisión Nacional para la Coordinación de Seguimiento de los Procesos Electorales, así como las que han reportado las Misiones de Observación Internacional, como “los escenarios de violencia política durante el proceso electoral a partir de denuncias de candidatos a la Presidencia de la República, y hallazgo de discursos raciales, de odio y también efectos negativos de la violencia política contra la mujer. Como de llamados a desconocer los resultados electorales por supuestos fraudes en contra de uno u otro candidato son de una inmensa gravedad porque puede conducir a graves alteraciones del orden público y de afectación a la democracia misma”.

De igual forma, hace un par de meses el Consejo Nacional Electoral solicitó a la Registraduría contratar una auditoría internacional al software de las presidenciales, debido a las dudas que quedaron de las parlamentarias cuando se presentó una diferencia de más de un millón de votos entre el preconteo y escrutinio.

Sin embargo, la Registraduría y el Consejo Electoral señalaron que no se alcanzó a hacer la contratación de la firma, esto a pesar de que el Ministerio de Hacienda giró más de $3 mil millones para esta auditoría foránea.