El Fiscal General, Francisco Barbosa, lamentó que el Gobierno no hubiera puesto a consideración del Consejo Superior de Política Criminal algunas propuestas contenidas en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, que él consideran afectan la política criminal en materia de delitos contra la administración pública.

Algunas de estas tienen que ver con las dificultades que podría tener la justicia para investigar delitos asociados a la corrupción en contratos.

Otra más sería que afectaría la lucha contra los cultivos ilícitos en el país.

El funcionario remitió un concepto al Consejo Superior de Política Criminal, en el que se destacan siete puntos con los principales reparos que realiza en calidad de Fiscal General a esta iniciativa del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, al considerar que pueden afectar los principios de transparencia y objetividad en materia de administración pública.

De acuerdo con Barbosa, la modificación de las reglas de contratación en la administración pública cambia los hechos jurídicamente relevantes frente a los delitos asociados a la corrupción, que por regla general contienen elementos que remiten a las normas de contratación pública. 

“Esto ocurre en el caso de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales (Art. 410 C.P.), peculado por apropiación (Art. 397 C.P.), peculado por aplicación oficial diferente (Art. 399 C.P.) o acuerdos restrictivos de la competencia (Art. 410-A C.P.)”, señaló Barbosa.

También cuestionó que el artículo 289 de este proyecto de Ley facilitaría la contratación directa con actores que pueden carecer de experiencia que permita blindar los recursos públicos.

Manifestó que esta iniciativa crea o impulsa varios fondos que tienen las funciones de administrar y asignar recursos públicos, mediante una estructura que dificulta el control y veeduría. 

“El proyecto no es totalmente claro sobre el régimen que regulará la administración y ejecución de estos nuevos fondos, lo que genera riesgos frente a la transparencia en las modalidades de contratación a utilizar y, por ende, nuevamente incertidumbre y dificultad en la investigación y procesamiento de delitos asociados a la celebración indebida de contratos”, dijo.

Francisco Barbosa advirtió que la reglamentación administrativa impactaría la persecución penal de actividades relacionadas con cultivos ilícitos, pues algunas de las conductas incluidas en las descripciones de los delitos pasarían a ser parte de la economía formal. 

“Este tipo de medidas deben ser tomadas por el legislador, de manera que se brinde seguridad jurídica sobre las conductas penalizadas y permitidas y no se deje su determinación en reglamentos administrativos”, indicó el fiscal Barbosa.