La versión de las extintas FARC de responsabilizarse por el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, fue declarada sin fundamento probatorio por parte de la familia de este, que le pidió formalmente a la Jurisdicción Especial para la PAZ, JEP, abstenerse de asumir competencia para investigar el caso.

“Lo lógico y razonable es que no se abra macrocaso, no se asuma competencia sobre Álvaro Gómez y se le quite la pobre excusa que ha venido alegando el fiscal Barbosa para haber congelado la investigación sobre el asesinato de quien dijo haber sido su mentor, y a quien tan triste y pobremente ha servido como Fiscal General de la Nación”, afirmó Enrique Gómez, sobrino del inmolado y actual aspirante presidencial.

De acuerdo con Gómez, la familia entregó un informe llamado “Crónica de un crimen de Estado”, según el cual se busca generar un “referente desde la versión de las víctimas que está basado en pruebas”, las cuales a su juicio señalan la responsabilidad estatal del gobierno de la época en cabeza de Ernesto Samper, el fallecido líder político Horacio Serpa y narcotraficantes del Valle del Cauca.

“Es un recuento que acredita claramente que esto es un crimen de estado cometido por Ernesto Samper Pizano y otros miembros de su alto grupo de gobierno, eso es fundamental porque genera un contexto que para la declaratoria de competencia no lo puede evitar la JEP”, precisó Enrique Gómez.

Sobre la teoría de la autoincriminación de las FARC, la calificó como uno de los episodios de desviaciones y la “rutina histórica de falsas imputaciones” que no tiene “consistencia”.

Incluso afirmó que la senadora electa Piedad Córdoba es la “maestra de ceremonia de este circo” al contrario, las evidencias como el computador del “Mono Jojoy”, según Gómez, muestran que las FARC no mataron a Álvaro Gómez Hurtado.

“Las FARC no solo no participó sino que no sabía quién había matado a Álvaro Gómez, y así lo evidencian los correos de 1995 hallados en los computadores de Jojoy y otros miembros como “Rafael Político”, y ahora otros declarantes que estaban ligados al Bloque Ortiental y controlaban la RUAN, afirman que ni supieron del operativo, ni tuvieron conocimiento real de que hubiera ocurrido”, sentenció Gómez.

El representante de la familia Gómez Hurtado indicó que de asumir la JEP competencia por el magnicidio, impugnarán la determinación.