La promulgación de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2023, otorgó facultades al Departamento de Defensa de Estados Unidos para concederle una ayuda económica a Colombia del orden de los 487,3 millones de dólares.

Es la más alta concedida por el país del norte en los últimos 11 años, y va destinada a apoyar varias políticas que se desarrollarán en los próximos años en Colombia.

La decisión ratifica la cooperación Colombia - Estados Unidos para temas de defensa.

La Ley renueva la autorización del Departamento de Defensa, a través del Comando Sur, para continuar mejorando las capacidades nacionales, incluidas las de interdicción e inteligencia, necesarias para la eficacia de la estrategia acordada contra el narcotráfico y en línea con el nuevo enfoque de la política de drogas del gobierno de Colombia.

Para el año fiscal 2023, la cooperación Colombia – Estados Unidos se ratifica y aumenta de la mano de la Ley de Apropiaciones.

La aprobación de la ley, que incluye los fondos de cooperación para Colombia, refleja el gran momento que vive la relación bilateral.

Estos recursos garantizan el apoyo de Estados Unidos a Colombia en la implementación del Acuerdo de Paz y en programas de desarrollo rural como titulación de tierras, proyectos productivos, seguridad rural y casas de justicia.

“El presupuesto aprobado para Colombia, incluido en la Ley de Apropiaciones del Departamento Estado y Operaciones Exteriores es una muestra de respaldo al país, al gobierno y políticas del Presidente Petro; además de la ratificación del momento de la relación bilateral”, dijo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.

Frente a la política de drogas, se destaca que la Ley reitera la necesidad de adelantar una estrategia holística que promueva alternativas económicas sostenibles y viables diferentes al cultivo de coca, el fortalecimiento de la interdicción de drogas, la lucha contra el lavado de activos y desmantelamiento de las redes de narcotráfico.

Finalmente, la ley contempla 25 millones de dólares destinados exclusivamente para programas en beneficio de comunidades afro e indígenas y más de 70 millones de dólares adicionales para biodiversidad, derechos humanos, protección de líderes sociales y asistencia a programas de cultivos alternativos en contribución a los esfuerzos nacionales en materia de inclusión verdadera.