El ‘lío’ que la Alcaldía tiene que resolver antes de entregar alumbrado a Essmar
Ante la declaratoria desierta, el concesionario que aspiraba instauró un recurso de reposición. Solicitaron la presencia de la Procuraduría para que acompañe esta diligencia.
El pasado martes, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, citó a una rueda de prensa en el despacho para un anuncio oficial: una vez finalice la prórroga al actual concesionario, a partir del primero de enero de 2019, el alumbrado público será asumido por la empresa pública Essmar.
El único reparo que se mencionó en aquella rueda de prensa fue que la ciudad se perdería la oportunidad de hacer una millonaria inversión en la red de alumbrado público, tal como estaba pactado en caso de que esta operación hubiera sido adjudicada a un nuevo concesionario.
Sin embargo, como se conoció en su momento, el proceso de licitación fue declarado desierto por la Alcaldía, lo que conllevó a que Rafael Martínez hiciera el anuncio.
Lo que no se comentó en la conferencia de prensa, fue que el aspirante a ese proceso, Promesa de Sociedad Futura, instauró un recurso de reposición a la resolución que declaró desierta la licitación pública, el cual debe ser resuelto antes de que se tomen medidas determinantes como esta, de entregarle el alumbrado a una empresa pública.
El recurso de reposición fue instaurado el pasado 11 de septiembre en el despacho del alcalde de Santa Marta.
Además de esto, el proponente que participó en el proceso solicitó de manera urgente una vigilancia a la revisión y trámite de este recurso de reposición, solicitando “garantías al debido proceso en el trámite que se debe dar por el Distrito de Santa Marta, al recurso de reposición presentado”.
Si Martínez entrega el manejo de alumbrado a Essmar, sin tener en cuenta el debido trámite de este recurso que aún mantiene en vilo jurídico el proceso de adjudicación mediante licitación, se correría el riesgo de que, si le dan la razón al proponente, deban retrotraerse todas estas decisiones, e incluso que se incurra en irregularidades como el prevaricato.
No obstante esta situación, le mayor prejuicio que se genera con esta decisión es que a los samarios se les privará, al menos por los próximos años, de la oportunidad de poder modernizar de manera inmediata el sistema de alumbrado público. Una noticia que desanima.