Para el próximo martes 22 de septiembre continúa desde las 9 am la audiencia del ex senador Alvaro Uribe Velez, en la que su defensa solicita su libertad ante la jueza 30 de Garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo,  dentro del caso por presunta manipulación de testigos.

La jueza después de escuchar las intervenciones de las partes dijo que la audiencia suspendió la audiencia para valorar y ponderar los argumentos de quienes participaron en la diligencia. 

En la audiencia intervinieron como víctimas Reinaldo Villalba en representación de senador Iván Cepeda, y a nombre propio el exfiscal Eduardo Montealegre y el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quienes pidieron que se determine que es la Ley 600 la que debe continuar en este proceso y que el caso no es de su competencia, posición a la que se opusieron la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa del exmandatario.

"El procedimiento a seguir es la Ley 600 del año 2000 y que por tanto no hay lugar a que un juez de garantías en este caso su señoría intervenga o continúe con la audiencia porque la competencia no correspondería para estos efectos en materia de la 906", indicó Villalba.

 El exfiscal Luis Eduardo Montealegre dijo que "se debe seguir en este caso es el procedimiento de ley 600 y el punto de partida que debemos tener en cuenta es el artículo 29 de la constitución nacional consagra el derecho fundamental al debido proceso".

En su intervención, el ex vicefiscal Perdomo dijo que dar "un cambio abrupto en el proceso, en la dinámica de la prueba, como el que se haría aquí de no mantener el proceso en ley 600 desanima a muchos de los testigos, perjudica a las víctimas y, en mi opinión, al mismo sistema judicial en su gestión”.

Posición de la Fiscalía y Procuraduría

 La Fiscalía general de la Nación, representada por el fiscal del caso Gabriel Jaimes, ante los argumentos presentados por las víctimas expresó su oposición a esas pretensiones de encauzar el proceso por la ley 600 de 2000.  "Siguiendo las voces de la CP y las reglas de vigencia establecidas en los articulos 530 y 533 de la Ley 906 de 2004, los hechos determinan ese procedimiento y es aplicable a todas luces el Sistema Penal Acusatorio", indicó Jaimes.

"Debo recalcar que es precisamente el tiempo, la oportunidad de ocurrencia de los hechos, la que determina esta circunstancia Y ese es la ley aplicable al momento de ocurridos los hechos en sede de justicia ordinaria, la que por tanto no solo determina no sólo la competencia sino también el camino procesal a seguir", añadió.

La representante de la Procuraduría, María Lourdes Hernández, dijo que la Ley 906 de 2004 es la que debe aplicarse en el proceso. "No cabe duda que datan de 2017 y 2018", indicó

El abogado Jaime Granados, defensa de Álvaro Uribe, dijo se opuso a la petición de los abogados Villalba, Montealegre y Perdomo, y respaldó las posiciones de la Fiscalía y la Procuraduría. 

Granados dijo que "pretender resucitar la ley 600 para hechos ocurridos después del primero de enero del 2008, en primer lugar sólo es potestativo del constituyente ni siquiera lo puede hacer el legislador, porque quien se ocupó de terminar la transición no fue legislador fue el constituyente".

El abogado le pidió a la jueza que reafirme su competencia y no acceda a las pretensiones de quienes están como víctimas y se discuta la libertad del expresidente.

Granados le dijo a la jueza, que ellos fueron los primeros peticionarios:  “Su señoría, con todo respeto, esta audiencia fue solicitada porque queremos la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, entendiendo que usted es quien preside la diligencia le ruego la misma se retome lo antes posible, toda vez que hay una persona privada de la libertad”.