Desde hace 20 días, el Ministerio de Trabajo, a través del viceministerio de Relaciones Laborales, adelanta una indagación para determinar la veracidad de la denuncia de acoso laboral hechas por la ex secretaria privada del defensor del Pueblo. 

Así lo advirtió el viceministro Enrique Borda, quien precisó que, en caso de establecerse el presunto acoso, la Defensoría tendría que pagar una multa que podría ascender hasta los 5 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

“Las multas que puede imponer en el sistema de inspección, vigilancia y control el Ministerio de Ministerio del Trabajo van hasta 5.000 salarios mínimos", explicó el viceministro. 

La investiación por este presunto caso de acoso, que adelanta por su parte el Ministerio de Trabajo dentro de su competencia, es distinta a la que lleva a cabo la Procuraduría, la cual se enfoca en la conducta particular que habría tenido el Defensor.