En Barranquilla, al instalar el Consejo Territorial de Paz, el Alto Comisionado Rodrigo Rivera reiteró que lo que se está haciendo en materia de protección a líderes sociales amenazados "se va a mantener y reforzar".

Dijo también que con la Fiscalía, se acordó dar "prioridad a la ejecución de las órdenes de capturas".

A raíz de los atentados y muertes, el Gobierno "en cuanto a la Unidad Nacional de Protección se dispuso fortalecer con más de 50 mil millones de pesos, presupuestalmente esa entidad que está protegiendo alrededor de 5 mil líderes sociales, la demanda es de 40 mil a 50 mil peticiones al año", señaló Rivera.

Reveló que "de los últimos 6 casos, 4 tenían de ellos medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, consistente en un apoyo para reubicarse en sitios más seguros y estas víctimas regresaron a los sitios riesgosos sin reportarle a la UNP o a las autoridades de Policía".

"En los otros dos casos no habían pedido medidas de seguridad hasta dos días antes del asesinato. Ustedes comprenderán que estaban en el trámite de ser evaluados, pero el resto de asesinato de líderes sociales correspondía a personas que no habían pedido protección individual a la UNP", añadió.

Rodrigo Rivera estuvo en la activación del Comité Departamental de Paz en Atlántico.