Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico.
Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico.
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EFE.

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Corte Suprema mantiene investigación contra Piedad Córdoba por ‘Farcpolítica’

Sala de Instrucción negó recurso que la senadora presentó para la nulidad del proceso.

La senadora Piedad Córdoba no pudo librarse de una investigación penal que arrastra desde hace varios años por la llamada ‘Farcpolítica’.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema le acaba de negar un recurso de reposición, en el que solicitaba la nulidad de dicho proceso.

En su argumento la congresista aseguraba que la magistrada ponente del caso, Cristina Lombana, no debía continuar al frente del proceso por tener “mentalidad militar”.

Los magistrados rechazaron la petición en primera instancia, pues sostienen que la magistrada Lombana sí cuenta con la capacidad y disponibilidad para asumir el caso.

Por tanto decidieron finalmente dejar abierta la investigación que busca aclarar los supuestos nexos entre la hoy senadora con la extinta guerrilla de las FARC.

La investigación contra Piedad Córdoba fue abierta en la Corte Suprema de Justicia, luego de que un exasesor de la congresista declarara bajo juramento que la senadora tenía vínculos con el extinto grupo armado y que incluso sería reconocida en las FARC con el alias de ‘Teodora’. 

El caso se encuentra en etapa previa, por lo que la Sala de Instrucción del alto tribunal no ha abierto indagatoria contra la senadora del Pacto Histórico.

Para la defensora de Piedad Córdoba este proceso se ha desarrollado en medio de irregularidades por una presunta violación al debido proceso y un supuesto mal comportamiento de la magistrada Cristina Lombana, pues la abogada señaló que el interrogatorio fue hecho de manera “hostil”.

Esta investigación seguirá su curso, pues el tribunal consideró que hay razones suficientes para indagar más allá de las supuestas relaciones de Córdoba con la guerrilla, ya que los hechos investigados corresponden al tiempo en que fue senadora de la República, antes de ser destituida por la Procuraduría en 2010. 

También pretende establecer si consiguió beneficios políticos, a cambio de liberaciones de secuestrados. 

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