La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 1085 de 2023, mediante el cual el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, a propósito de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento debido a la falta de acceso a servicios básicos vitales.

Sin embargo, el alto tribunal difirió los efectos de su decisión por el término de un año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, "respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua".

Es decir, que la parte del Decreto que se relaciona al acceso al agua y saneamiento básico no se caerá de inmediato, sino que seguirá vigente hasta el 2 de julio de 2024.

El resto de la norma sí deja de tener vigencia de inmediato.

La decisión aún no se conoce en forma completa, pero trascendió que los magistrados exhortaron al Gobierno y al Congreso para que adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en La Guajira para que "se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país"

Así mismo, les pidió que fortalezcan las instituciones con competencias en materia de cambio climático y les asignen los recursos necesarios para atender las circunstancias.

Como la ponencia que había presentado inicialmente la magistrada Natalia Ángel fue derrotada, en esta decisión, la Sentencia C-383 2023, se estudió una ponencia conjunta de la magistrada Diana Fajardo y el magistrado José Fernando Reyes.

Salvaron su voto las magistradas Ángel y Cristina Pardo y el magistrado Juan Carlos Cortés; mientras que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y la magistrada Paola Meneses aclararon su voto y el magistrado Alejandro Linares reservó su aclaración de voto.

El Gobierno, en diferentes escenarios, ha dicho que el departamento vive una crisis humanitaria desde hace varios años, por la falta de acceso a servicios básicos vitales, que incluso llevaron a la propia Corte Constitucional a declarar en 2017 un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre la situación que afecta especialmente a la niñez Wayúu.

Las medidas excepcionales se centraban en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en La Guajira, mediante la financiación, comercialización, transporte, almacenamiento, venta o distribución de productos agropecuarios, y titulación de tierras.

De hecho, el propio presidente Petro le dijo a la Corte, en audiencia pública el pasado 11 de agosto,  que el decreto le permitía al Gobierno tomar decisiones directas para contrarrestar la situación, que no podrían tomarse por la vía ordinaria.