El decreto que legalizó los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, será estudiado por el Consejo de Estado en el marco de una demanda presentada ante esa instancia.

Se trata del decreto 1893 del 14 de septiembre de 2022, en el que se legalizaron tres viajes de la esposa del presidente Gustavo Petro a Reino Unido, para asistir al funeral de la Reina Isabel II, a Estados Unidos para una conferencia de las Naciones Unidas y a Japón para el funeral de Estado del exprimer ministro Shinzo Abe. 

Para el demandante, no se debe permitir que un familiar o esposa del primer mandatario sea la delegada para asumir funciones especiales en misiones diplomáticas en el exterior. 

“Es válido y perfectamente viable que el señor Presidente de la República designe personal de su confianza para prestar servicios especializados en el exterior. No obstante, en parte alguna de dicho concepto se indica que pueda ser un familiar o la esposa del presidente”, dice la demanda. 

El documento recalca que, para esos casos en los que el Presidente de la República deba designar personas de confianza para asumir este tipo de responsabilidades, existe la figura del Vicepresidente. 

“No debe perderse de vista que para misiones especiales o de confianza del señor Presidente de la República, cuenta con la facultad de nombrar a los embajadores y cónsules en el exterior, e incluso existe la figura del Vicepresidente, que si es servidor público”, argumenta el documento. 

Para el accionante, es preocupante que en el decreto se haya aprobado el pago de viáticos y pasajes, pues el monto de dichos costos correspondió a 4.160 dólares, lo que representa más de 33.000 millones de pesos.

“Afecta de manera nociva el orden público, económico y moral, por nombrar, designar como embajadora a la esposa del Presidente y ordenar el pago de viáticos y pasajes con cargo a recursos del erario público nacional”, recalca el demandante. 

La Sección Primera del Consejo de Estado será la encargada de analizar los argumentos para determinar la legalidad de este acto administrativo de la Presidencia.