La fórmula vicepresidencial del candidato a la Casa de Nariño Sergio Fajardo, el exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo Urrutia, enfrenta en estos momentos una lucha que nada tiene que ver con su esfuerzo de cautivar adeptos para su campaña política.

El esfuerzo del también exgobernador de Chocó está enfocado ahora hacia una acción de tutela que interpuso contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal – Interpol.

¿Pero cuál es el tema judicial que preocupa al candidato?

Resulta que Murillo Urrutia cuenta con un antecedente penal vigente por una sentencia a seis meses de prisión que el 29 de agosto de 1997 profirió en su contra la Sala Dual de Decisión Penal del Tribunal Superior de Quibdó.

Tiene que ver concretamente con la destinación, cuando era director general de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, de rubros del orden de $5 millones para la realización de reparaciones locativas en la institución educativa Pascual de Andagoya, en ese departamento.

El entuerto se le presenta por haber reportado dicho gasto como “saneamiento ambiental en zonas mineras del departamento de Chocó”, y esos dineros no tenían como destino este tipo de gasto que le dio, por lo que el Tribunal ratificó la condena del Juzgado 1o. Penal del Circuito de Quibdó por el delito de “peculado por destinación oficial diferente”.

Con la acción de tutela el candidato vicepresidencial Luis Gilberto Murillo Urrutia, pretenden que le borren dichos antecedentes judiciales, pues argumenta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en decisiones de 3 de agosto de 2005, lo absolvió del cargo.

Murillo afirma que se le está vulnerando el derecho contemplado en el artículo 15 de la Constitución, que se refiere al derecho de las personas a la protección del “habeas data” y la posibilidad que estas tienen de pedir a las autoridades actualización y/o rectificación de las informaciones recogidas “en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

“La permanencia de estos datos en la base de datos sobre antecedentes penales no puede ser intemporal”, sostiene el exministro en su tutela y solicita un nuevo oficio al Partido Colombia Renaciente en el que no conste la información de dicha decisión judicial.

La tutela será estudiada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que la Interpol impugnó la sentencia de primera instancia argumentando que al exministro y ahora candidato a la vicepresidencia no se le han vulnerado sus derechos.