Una comisión accidental del Congreso de la República se reunirá hoy sábado para acatar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó rehacer la lista de 10 elegibles para el cargo de Contralor General.

Como se ha informado, la decisión de los magistrados se fundamentó en que no se atendió la cuota de género ni el principio de mérito entre los seleccionados.

El senador Juan Felipe Lemos Uribe (Partido de La U), quien coordinó la comisión accidental de 30 parlamentarios, entre senadores y representantes que conformaron la lista de elegibles, declaró: “Vamos a citar a la comisión a una reunión virtual. Estamos pendientes si a las 11 de la mañana o a las 2 de la tarde, pero lo que vamos a hacer es acatar el fallo en las condiciones que ahí están planteando”. 

El periodo de cuatro años del actual Contralor, Carlos Felipe Córdoba, finaliza en septiembre próximo.

El proceso de selección de Contralor venía siendo objeto de un duro forcejeo político, por cuanto al interior de la coalición del Pacto Histórico, base del gobierno electo de Gustavo Petro, hay posturas que insisten en reversar el mecanismo de convocatoria del anterior Parlamento, y arrancar de cero la convocatoria pública para la escogencia del alto cargo. 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclaró que el cumplimiento del fallo que ordenó rehacer la lista para Contralor General de la República, no implica cambiar todos los nombres de la lista, sino atender la cuota de género y el principio de mérito.

Así las cosas, la comisión accidental del Congreso incluiría a otra mujer para cumplir la cuota de género en el listado de aspirantes a Contralor General, y mantendría en la misma a María Fernanda Rangel Esparza y Mónica Certain Palma. 

También podría ocurrir que en la lista sean incluidos al menos dos aspirantes que tuvieron buenos puntajes en la evaluación que hizo la Universidad Industrial de Santander, pero quedaron por fuera. Es el caso de Julio César Cárdenas Uribe (84,5) y Carlos Hernán Rodríguez (78,0).

Finalmente, el fallo negó el argumento de la demanda en torno a que podría haber una inhabilidad en por lo menos seis de los 10 seleccionados finales por haber sido "gestores fiscales" como funcionarios de la misma Contraloría.