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Aprobado en segundo debate proyecto que reduce salario a congresistas

A partir del 2026 va a haber un tope de 25 salarios mínimos, que se fijó en la consulta anticorrupción.

La iniciativa legislativa con la que se pretende reducir el salario que reciben los congresistas, avanza a pasos acelerados en el Senado de la República.

El proyecto fue aprobado en segundo debate con el respaldo de las mayorías, en sesión plenaria de la corporación.

La senadora Paloma Valencia, ponente de la propuesta, explicó que la misma busca ponerle un impuesto adicional al sueldo que reciben estos altos funcionarios del Estado.

“Vamos a imponer un impuesto del 20 % a los salarios de los congresistas y de todos los altos funcionarios del Estado”,  explicó Valencia.

Añadió que, “a partir del 2026 va a haber un tope de 25 salarios mínimos que fue el que se fijó en la consulta anticorrupción y ese impuesto queda vigente para todos aquellos funcionarios que tengan periodo definido, como magistrados y personas que hayan sido elegidas”.

Para la senadora del Centro Democrático, “esto da una señal de austeridad y un mensaje a la ciudadanía" sobre la necesidad de ahorrar recursos en esta época de crisis económica que vive el país.

El proyecto de reforma constitucional fue concertado de manera histórica entre las bancadas de gobierno, independientes y de oposición, que en varias oportunidades se reunieron para llegar a un acuerdo sobre este tema.

“Es un gran mensaje para el país que todos los partidos políticos estemos comprometidos con este proyecto”, subrayó Valencia.

Si este acto legislativo es aprobado en sus ocho debates, los congresistas estarían devengando aproximadamente 25 millones de pesos mensuales y su aumento anual sería lo mismo que incremente el salario mínimo legal vigente.

En la proposición que fue aprobada quedó claro que la remuneración de los parlamentarios no será tenida en cuenta como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos. 

Aún está pendiente que siga avanzando otra reforma constitucional que reduce las vacaciones o el periodo de receso de los congresistas, de 4 a 2 meses.

 

 

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