Amnistía Internacional (AI) instó al Gobierno de Colombia a anteponer el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a decidir cómo se desarrolla su tierra antes que "el deseo de las empresas de explotar esos territorios para obtener beneficios".

Así se desprende del informe "Colombia: restituir la tierra, asegurar la paz" en el que analizaron la situación de las zonas rurales en Colombia, específicamente la situación de aquellas áreas que han sufrido más directamente el conflicto armado que azota el país desde hace más de medio siglo.

En este sentido, AI señala en su informe que "el desplazamiento forzado y la apropiación indebida de tierras, a menudo mediante la violencia y la intimidación, han sido un elemento distintivo del conflicto armado interno de Colombia".

Precisamente uno de los puntos de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC que se desarrollan desde hace tres años en La Habana se refiere a la situación de la propiedad de la tierra en el mundo rural en el país.

Ese fue el primer punto de la agenda pactada para los diálogos de paz y llegaron a un acuerdo al respecto en mayo de 2013.

El informe destaca que esos "abusos y violaciones de derechos humanos han estado dirigidos sobre todo contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas".

En este sentido, el informe subraya que "los pueblos indígenas tienen una relación espiritual singular con sus tierras ancestrales" y recordaron el artículo 26 de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que fue refrendada por Colombia en abril de 2009.

Ese artículo señala que "los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido".

El informe, que analiza en detalle el caso de dos comunidades colombianas, una indígena y otra afrodescendiente, también agrega que esos dos pueblos "llevan decenios intentando obtener un título de propiedad colectiva".

"Los representantes de las comunidades que tratan de obtener el reconocimiento de su derecho a la tierra han hecho y siguen haciendo frente a graves abusos y violaciones de derechos humanos, principalmente a manos de paramilitares", destacó.

La directora del Programa Regional para América de AI, Erika Guevara Rosas, señaló que "la propiedad y ocupación de tierras ha sido uno de los ejes fundamentales de la brutal guerra de Colombia, en cuyo contexto unos seis millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde 1985 a causa de la violencia".

Asimismo, subrayó que "cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan tenga prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio".

El informe también recoge los principales obstáculos para la restitución de tierras y se refiere específicamente a las amenazas de muerte contra líderes comunitarios por parte de las bandas criminales (bacrim), como las Águilas Negras, nacidas tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de la década pasada.

Por ello, instan a Colombia a que se lleven a cabo "investigaciones efectivas e imparciales sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros que dieron lugar a la apropiación indebida de tierras mediante la violencia, la intimidación, la corrupción y otras violaciones de la ley".

Entre esas investigaciones consideran necesario incluir la responsabilidad de funcionarios del Estado y de los intereses económicos "y poner a disposición de la justicia en tribunales civiles ordinarios a los sospechosos de responsabilidad".

Igualmente piden que se implementen medidas de protección efectiva para los reclamantes de tierras y quienes los apoyan, lo que debe incluir medidas "de protección preventiva colectiva" para las comunidades indígenas y afrodescendientes.

EFE