Alexander Vega, Registrador Nacional,
Alexander Vega, Registrador Nacional.
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Alianza de veedurías pide Registrador ad hoc para las elecciones presidenciales

Debido a las situaciones presentadas en comicios del pasado 13 de marzo.

Una alianza de veedurías electoral solicitó a las altas cortes del país nombrara un registrador ad hoc en remplazo de Alexander Vega, para afrontar las jornadas electorales de Presidente de la República en primera y segunda vuelta.

La propuesta se hizo con base en los incidentes presentados en la contabilidad de los votos en las elecciones del pasado 13 de marzo, que puso en entredicho la idoneidad de Vega en sus funciones.

La alianza de veeduría electoral la componen la Fundación Paz y Reconciliación, el Instituto de Política Abierta y el Instituto Anticorrupción, que responsabilizó al Registrador de la gran discusión nacional que se refirió a irregularidades en el manejo de los comicios.

Sostuvo que se designe un funcionario que lo remplace durante las elecciones para favorecer la legitimidad del proceso.

“La situación es tan dramática que habría la posibilidad de que las cortes estudiaran la posibilidad de un registrador ad hoc, al menos para estos dos eventos electorales. Sería un mensaje muy fuerte, para no dejarlo en la voluntad del registrador, porque mucha gente le ha pedido la renuncia, pero en Colombia nadie renuncia en los escándalos más grandes”, explicó León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación.

“Es un desastre, para empezar, que se hayan reconocido por parte del registrador dificultades o irregularidades en 23.000 de las 112.000 mesas de votación instaladas en el país para el Congreso de la República, y que se esté echando la culpa parcialmente a los jurados de votación, cuando hay errores dentro del proceso de diseño de material electoral, como los E-14, la capacitación y el escrutinio”, explicaron.

A todo lo anterior se suman las dificultades en la página web de la Registraduría para la inscripción de cédulas.

Se estima, denunciaron con base en registros de la propia Registraduría, que 800.000 ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto al no poder inscribir su documento.

También, el supuesto hackeo que, en pleno desarrollo de los comicios, denunció el Registrador.

 

 

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