La Constitución colombiana, promulgada hoy hace 30 años en medio de una grave crisis política por la violencia, es una hoja de ruta de "carácter inclusivo" que, según sus promotores, garantiza los derechos sociales aún en periodos turbulentos como el actual.

El 4 de julio de 1991 fue aprobada la nueva Constitución, que surgió en un contexto de violencia del narcotráfico que asfixiaba a Colombia y que tenía al país al borde del colapso institucional.

Treinta años después, con el país inmerso en una ola de protestas por la insatisfacción con la política económica del Gobierno, son inevitables las comparaciones entre esos dos periodos y los cambios que se necesitan para responder a las demandas sociales.

Es por ello que el exprocurador Fernando Carrillo, quien fue uno de los 70 miembros de la Asamblea Constituyente, cree que la carta magna promulgada hace 30 años debe ser proyectada ahora "sobre las necesidades actuales de Colombia".

"La base de esa Constitución es el Estado Social de Derecho que apunta a buscar la igualdad y la equidad, que es el déficit más grande que tiene Colombia en este momento, sobre todo después de las épocas de pandemia y ante la caída dramática de los indicadores sociales", expresa a Efe Carrillo, que cuenta lo vivido durante la Constituyente en el libro "4 de julio de 1991", editado por Planeta.

Ante la crisis que vive Colombia Carrillo, que también fue embajador en España y ministro de Justicia entre 1991 y 1992, durante el Gobierno de César Gaviria, y de Interior (2012-2013) en el de Juan Manuel Santos, considera que no se debe volver a cambiar la Constitución para hacer las reformas que necesita el país.

"Lo que hay que hacer es poner en marcha la Constitución y por eso hemos planteado (...) la necesidad de hacer una consulta popular que permita aprobar las 10 grandes reformas sociales que necesita Colombia al encauzar todo el descontento social que se dio en los 50 días de paro nacional que lamentablemente hasta el momento no han terminado en nada", dice.

Y es que ve en lo ocurrido en 1991 un reflejo de lo que sucede hoy y que se debe concretar en la materialización de esas "grandes reformas" que permitan una renta básica, así como que garanticen la protección social, la educación y la salud entre otros aspectos.

En esa línea, Humberto de la Calle, exjefe negociador de paz del Gobierno con las FARC y uno de los protagonistas de la Asamblea Constituyente, aseguró a Efe que "la esencia de la Constitución" permitiría hoy una transformación importante.

"La Constitución es muy cuidadosa en mantener la línea en materia económica que yo llamo solidaridad y es la que permite toda la política social que ahora se requiere", señala De la Calle, que fue ministro de Gobierno entre 1991 y 1993, cargo con el que fue representante directo del Ejecutivo en la Asamblea Constituyente.

El contenido de la Constitución de 1991 es un documento de talante liberal y radicalmente diferente al de la que reemplazó, que había sido promulgada en 1886 y era muy conservador.

"A esta Constitución le cupo el país que estaba por fuera: el país de las minorías, de las organizaciones sociales, de los que no tenían acceso, porque la de 1886 era una Constitución centralista, racista y clasista", dice a Efe el exprocurador Fernando Carrillo, quien fue uno de los 70 miembros de la Asamblea.

En ella también fueron incluidos cambios sustanciales como la ampliación de los derechos fundamentales y la apertura de espacios políticos y sociales para los indígenas y los afrocolombianos.

Igualmente fue importante la creación de la acción de tutela, un recurso de amparo que pueden interponer los ciudadanos cuando ha sido vulnerado alguno de sus derechos fundamentales.

"Fue un vuelco centrado en el título de los derechos y en entregar un mecanismo como la tutela y una institución como la Corte Constitucional para, respectivamente, democratizar el acceso a la Justicia y tener un guardián de la Constitución, sobre todo de los derechos sociales", expresa Carrillo.

Es por eso que hoy, en medio de las revueltas y la violencia que vive el país, el exprocurador insiste en que lo logrado hace 30 años como una oportunidad para salir de la crisis de la mano de la ciudadanía, que es la protagonista de lo que sucede.

"Hay muchas sociedades que en el momento de la aprobación de sus grandes reformas siempre convocan a la ciudadanía y hay que hacerlo en una idea que tiene que estar originada en la ciudadanía, que tiene que ser una idea de contenido social y que busque los consensos", concluye.

EFE