Unimetro
5:00 am. Lunes 19 de Septiembre de 2022
Opinión
5:00 am. Lunes 19 de Septiembre de 2022

La decisión de incluir impuestos saludables a las bebidas azucaradas y la los alimentos ultraprocesados, a través de la Reforma Tributaria, es un paso en la dirección correcta para alcanzar la ‘Justicia Sanitaria’, cuyo concepto desarrollaré en aras de aportar argumentos médicos a la discusión sobre la propuesta de nueva carga contributiva.

Los impuestos saludables tienen como objetivo principal desincentivar, de manera directa, el consumo de productos que afectan la salud pública, ya que está probado que aumentan el riesgo de padecer cierto tipo de enfermedades.

Es preciso explicar que los alimentos ultraprocesados, o ‘comida chatarra’ se caracterizan por tener muchas calorías y un alto contenido de elementos no nutritivos, como son la sal, el azúcar y las grasas trans. Además, registran un bajo contenido de elementos nutritivos, como fibras y proteínas. Igualmente, las bebidas azucaradas -entre las que se encuentran las gaseosas, jugos endulzados, bebidas energéticas, etc.- tienen altas concentraciones de azúcares (naturales o artificiales) que causan afectaciones a la salud.

Al respecto, los estudios médicos demuestran que consumir grandes cantidades de comida chatarra y bebidas azucaradas está directamente relacionado con padecer obesidad, ‘enfermedades crónicas no transmisibles’ -diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, varios tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares- e, incluso, causar la muerte.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las ‘enfermedades crónicas no transmisibles’ son la principal causa de mortalidad en el mundo. Una pandemia invisible que genera pobreza y limita el desarrollo de muchos países.

En Colombia hay una tendencia creciente de las muertes por este tipo de enfermedades. Mientras que en 1990 causaban el 55,9%, para 2019 fueron responsables del 78,5% de ellas. Es más, según estimaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, solamente las bebidas azucaradas como factor de riesgo son causantes del 13% de la mortalidad por diabetes, 5% por enfermedades cardiovasculares y 1% por neoplasias asociadas.

No es casualidad que durante el Gobierno de Juan Manel Santos se tratara de gravar las bebidas azucaradas, pero esa iniciativa fue frenada por el Congreso de la época.

Por eso aplaudo que, gracias a la tributaria, se reabra este importante debate que facilite abordar una visión más integral de la salud pública: la Justicia Sanitaria.

Por Justicia Sanitaria debemos entender un enfoque que busque insertar un componente de equidad en nuestro sistema de salud. Esto no solo pasa por democratizar el acceso a los servicios de salud, sino por pensar la salud pública como algo que va de la mano con el saneamiento básico, el acceso al agua potable, la nutrición saludable y una mejor educación sanitaria. Solo así podremos tener una verdadera política de cambio por la vida.

¿Cómo lograrlo? Ponerle impuestos a las gaseosas y a la comida chatarra es un buen primer paso. Según la OMS, este tipo de tributos genera efectos positivos en la reducción del consumo de los productos con un impacto positivo en la salud general de la población.

Pero, además, en la literatura médica existen varios estudios que han demostrado que este impacto es más efectivo en los hogares de más bajos recursos, por distintas razones. Primero, porque el efecto dañino de la comida chatarra y las bebidas azucaradas se siente con más fuerza en los más pobres, ya que la disminución de la productividad derivada de una enfermedad crónica es relativamente más grave en una persona de bajos recursos que en alguien con altos ingresos. Por lo que, si se reducen las patologías antes mencionadas gracias a un menor consumo de comida chatarra, no solo la salud sino el bolsillo de los más pobres se verá beneficiado.

Del mismo modo, el Estado también ahorrará un costo importante al tratar en menor cantidad estas enfermedades, hecho que no es nada despreciable.

Algunos datos: en Colombia: se estima que el gasto en salud es del orden de 7,71% del PIB, la mayor parte del cual se hace con recursos públicos (85,14% del gasto total). De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo (organismo técnico del Sistema General de Seguridad Social), el gasto anual en salud derivado de las enfermedades prevenibles es del orden de $25 billones anuales. El Ministerio de Salud y Protección Social calculó que, en 2013, el gasto por diabetes atribuible a las bebidas azucaradas fue de $740 mil millones anuales. De no tomarse medidas, este gasto seguirá incrementándose

Por eso, los impuestos saludables propuestos en la Reforma Tributaria atacan directamente a los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. En otras palabras, estamos tomando medidas y, también, nos estamos poniendo a tono con la tendencia regional. Casos de países donde pusieron en práctica los impuestos saludables, como México o Chile, son ejemplos donde las cargas impositivas a las bebidas azucaradas han demostrado buenos resultados. En general, 22 de los 33 países de América Latina han adoptado algún tipo de impuesto saludable en sus tributos.

En el corto plazo, también habrá beneficios. Aunque el Ministerio de Hacienda ha dicho que lo ideal, a futuro, es que el recaudo de estos impuestos sea cero (porque no hay consumo de esos productos), para 2023 se estima que podrían recaudar cerca de $2,1 billones. Sería deseable que esos recursos sean invertidos en el mejoramiento del acceso al saneamiento básico y al agua potable de las poblaciones más vulnerables, y en políticas de educación nutricional que promuevan los hábitos de vida saludable. 

Es el momento de plantear el debate de la Justicia Sanitaria. Algo que debería estar en el centro de cualquier política de salud pública promovida por un Gobierno que ha hecho de la vida digna su proyecto de país. Parece extraño que haya sido una Reforma Tributaria, medida que suele recibirse con recelo, la que haya abierto la puerta a esta discusión. Celebro que así sea.

Comentarios