Miles de personas salieron a la calle hoy en Francia por noveno sábado consecutivo para protestar contra la obligación del certificado sanitario en muchos actos de la vida social, y como en semanas anteriores se produjeron incidentes en París y en alguna otra ciudad.

Según el Ministerio de Interior, se produjeron 76 detenciones en toda Francia, de las que 70 correspondieron a París, y tres agentes resultaron heridos.

Por lo que respecta a la participación, el Ministerio indicó que hubo 121.000 manifestantes en 207 cortejos por todo el país, lo que significa un nuevo descenso en una tendencia que se viene constatando desde la primera mitad de agosto.

El mismo departamento de Interior había estimado que el 4 de septiembre fueron 141.000, el 28 de agosto 165.000, 175.000 siete días antes, 215.000 el 14 de agosto y 237.000 el 7 de ese mismo mes, en el pico del movimiento.

En la capital, se organizaron al menos cuatro cortejos con recorridos en diferentes distritos, a los que asistieron 19.000 personas, una cifra superior a la del sábado de la semana pasada.

Se produjeron altercados entre grupos de manifestantes violentos que se enfrentaron en los Grandes Bulevares -entre la plaza de la Ópera y la de la República- a los antidisturbios, que les respondieron con gases lacrimógenos y con algunas cargas.

También hubo escenas similares en torno al Palacio Real y al Museo Louvre, en la calle Rivoli, donde decenas de agentes con escudos bloquearon el paso en algunas calles adyacentes. Todo ello asociado a convocatorias vinculadas al movimiento de los "chalecos amarillos".

En la capital, una vez más, la concentración más numerosa fue la organizada por el ultraderechista Florian Philippot, antigua mano derecha de Marine Le Pen con la que rompió en 2017 para crear más tarde su movimiento Los Patriotas.

Philippot se jactó en su cuenta de Twitter de haber movilizado a "decenas y decenas de miles de resistentes" en un movimiento que a su parecer "no hace más que subir y reforzarse".

Esta nueva jornada de oposición a la ley adoptada en julio para luchar contra el coronavirus se produce a cuatro días de que entre en vigor una de sus disposiciones: la obligación de la vacunación para los sanitarios y otros colectivos que trabajan de forma cotidiana con personas frágiles, como mayores.

Desde comienzos de agosto, el certificado sanitario -que acredita tener la pauta completa de vacunación, haber superado la covid hace menos de seis meses o tener un test negativo de menos de 72 horas- es necesario para acciones habituales de la vida social, como tomar algo en un bar o en un restaurante, ir al cine, visitar un museo o presenciar un partido en un estadio.

EFE