La Justicia peruana reclamará 3.468 millones de soles (unos 1.000 millones de dólares) a la empresa brasileña Odebrecht en concepto de reparación civil en favor del Estado por los daños y perjuicios causados al país por sus prácticas de corrupción.

Así lo informó el procurador especial para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, quien valoró esa cifra en atención a tres proyectos desarrollados por la constructora en los que hubo prácticas de corrupción, el Gasoducto Sur Peruano, la carretera Chacas en Áncash y los tramos 2 y 3 de la ruta Interoceánica Sur, publica hoy la prensa local.

Ramírez lamentó en declaraciones al programa Cuarto Poder que Odebrecht haya ofrecido tan solo pagar 66 millones de dólares de indemnización, aproximadamente el doble del monto que presuntamente pagó en sobornos.

"Nosotros esperamos que la empresa Odebrecht cambie de actitud, no es posible que ofrezcan 66 millones de dólares de reparación civil; considero que ellos tienen que reflexionar y si quieren enmendar espero que propongan un monto mayor", afirmó el procurador.

El portavoz de Odebrecht en Perú, Rodrigo Vilar, respondió a esta propuesta con una nota señalando la extrañeza de esa petición, que de hacerse realidad apuntaría a que la reparación sería "30 veces superior al total de los pagos ilícitos".

Así, esa cifra superaría "la suma de todas las reparaciones acordadas" con los otros siete países (Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala)con los que Odebrecht tiene un acuerdo de colaboración.

"En todos estos países fueron utilizadas para el cálculo de la reparación metodologías alineadas con prácticas internacionales, basadas entre otros puntos en el valor de los ilícitos practicados, la eficacia de la información brindada para las investigaciones y la capacidad de pago de la empresa. Considerando estos factores, el promedio de indemnizaciones acordadas está entre dos a tres veces de los valores pagados ilícitamente", explicó la empresa.

Odebrecht apuntó que esta y otras iniciativas del Gobierno y la Fiscalía peruana conspiran en contra de la lucha anticorrupción, al inhibir frontalmente que las empresas reconozcan hechos y que quieran así colaborar con la Justicia.

El caso Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica por los sobornos entregados por la compañía brasileña en distintos países para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas, además de por financiar las campañas electorales de candidatos políticos.

En Perú, donde pagó sobornos entre 2005 y 2014, las investigaciones afectan a toda la clase política.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura internacional; Alan García (2006-2011), investigado por sobornos pagados para construir el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva por presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

También están investigadas la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presuntamente haber financiado campañas electorales con fondos de Odebrecht.

EFE