La líder independentista catalana y número dos de ERC (republicanos de izquierda), Marta Rovira, no acudió hoy a su comparecencia ante el Tribunal Supremo y decidió huir de España, según comunicó ella misma en una carta a la militancia de su partido.

Rovira estaba citada hoy por el juez Pablo Llarena, que lleva en el Supremo la causa abierta sobre la independencia de Cataluña, quien iba a comunicarle su procesamiento y estaba previsto que decidiera si tomaba contra ella medidas cautelares, como la prisión preventiva.

La política catalana, junto a otros destacados líderes independentistas, está imputada por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

"El exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política", afirma Rovira en esa misiva.

Junto a ella tienen que declarar hoy ante el juez otros cinco políticos catalanes, entre ellos el candidato a presidir esa región, Jordi Turull, y la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell.

Todos llegaron a su cita en el Tribunal Supremo.

Rovira, que ayer renunció a su escaño en el Parlamento de Cataluña, es la número dos de ERC, pero ha ejercido como líder, ya que el presidente del partido, Oriol Junqueras, está en prisión preventiva por su implicación en el proceso independentista catalán.

En su carta a los militantes de ERC, da a entender que mantendrá su puesto en el partido e indica que en las últimas semanas vivió dentro de una "cárcel interna" y revela que hoy inicia la vía del "exilio", que "desgraciadamente" han tomado "muchos otros" que le preceden.

Rovira es la séptima política independentista catalana que huye de España, y se une así al expresidente catalán Carles Puigdemont, cuatro miembros de su antiguo gabinete y a la antigua portavoz de la CUP (grupo independentista antisistema).

La política catalana es la única de los seis diputados a los que hoy citó el juez Llarena que no ha estado en prisión preventiva en la causa abierta por el proceso unilateral hacia la independencia.

En su carta acusa al Gobierno español de estar "dispuesto a saltarse el Estado de derecho" y las libertades civiles para conseguir sus fines políticos.

EFE