La decisión del presidente Jimmy Morales de declarar persona no grata y expulsar del país al abogado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), abre una crisis institucional en el país.

A esta especie de pugna entre la presidencia y el abogado colombiano, así como con la Corte de Constitucionalidad, que amparó al titular de la CICIG y dejó en suspenso la decisión del mandatario, se unió la fiscal general, Thelma Aldana.

Todo empezó con la denuncia de Aldana de que Jimmy Morales iba a la sede de la ONU a pedir la destitución de Velásquez.

Durante la reunión con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el pasado viernes, el mandatario se quejó del trabajo del jurista colombiano pero sin solicitar su remoción, y ese mismo día en Guatemala Aldana y Velásquez anunciaron un antejuicio (desafuero) en su contra para que sea investigado por el delito de financiación electoral ilícita.

Allí comenzó el estira y encoge, la medición de fuerza de Morales con el comisionado de la CICIG, y este domingo el presidente le dio un golpe de tajo al pedirle que abandone "inmediatamente" el país.

En un mensaje divulgado por redes sociales, el mandatario se limitó a informar de que su decisión la tomó basado en la facultad que le otorga la Constitución Política, la Convención de Viena y el acuerdo firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala en 2006 para crear la CICIG.

Expertos y dirigentes políticos temen que la eventual expulsión del abogado colombiano, que dirige el ente de las Naciones Unidas desde 2013, provoque el aislamiento internacional, ya que son varios los países que dan financiación para que la CICIG coopere con el país a combatir la corrupción y la impunidad.

Además, señalan que el mandatario se ha puesto a nadar contra la corriente, que está acarreando una inestabilidad para el país y abriendo una nueva crisis.

La diputada opositora Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, advirtió de que la decisión del mandatario tendrá "graves consecuencias" porque está generando una crisis institucional interna.

El Ministerio Público con el apoyo de la CICIG denunció y proceso a Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente, por un caso de corrupción denominado como "Botín, Registro de la Propiedad", caso en el que el jefe de Estado no movió influencias para defender a sus familiares.

Pero el pasado viernes mientras él se reunía con Guterres, Aldana y Velásquez revelaron que el partido Frente de Convergencia Nacional había recibido dinero ilícito para la campaña electoral de 2015 del entonces cómico Jimmy Morales.

Aprovechando la crisis generada por la corrupción estatal que acabó con el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Morales saltó como el supuesto salvador del pueblo con su lema "Ni corrupto ni ladrón", que los votantes se creyeron y ahora le reclaman que no obstaculice el combate a ese flagelo.

Algunos creen que el mandatario está en la línea correcta al expulsar al comisionado de la CICIG, que ha puesto tras las rejas junto con la Fiscalía a decenas de supuestos delincuentes que se habrían apropiado y malversado recursos públicos.

"El presidente está cumpliendo con sus facultades", consideró el diputado de la oposición Fernando Linares, y manifestó que Velásquez se salió de su mandato, un argumento que utilizó más tarde el presidente para sustentar, en otro mensaje a la nación, su decisión.

Dijo que Velásquez presionó a los diputados y a los medios de comunicación, pero el pueblo asegura que la decisión es errónea y ha salido a la calle, desde el jueves, a respaldar la gestión de éste.

Velásquez no está solo. El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, le respalda y ha interpuesto amparos para evitar la expulsión del colombiano, así como para garantizar su seguridad.

Con facultades constitucionales o no, Morales, quien asumió el poder el 14 de enero de 2016 para un periodo de cuatro años, quiere ganar este pulso político y jurídico con las botas puestas.

Óscar René Oliva-EFE