La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este jueves una investigación para examinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas de Estados Unidos, talibanes y autoridades del país.

Una sala de apelaciones decidió dar la razón a la Fiscalía y anular una resolución anterior de otra sala del tribunal, que en abril de 2019 rechazó dar luz verde a la investigación.

El juez presidente de la sala de apelaciones, Piotr Hofmanski, hizo una dura crítica a la decisión del año pasado tomada por una sala de cuestiones preliminares, que dijo que la investigación "no serviría a los intereses de la Justicia" porque las perspectivas de éxito de la Fiscalía eran "extremadamente limitadas".

La única función de los jueces de la sala de cuestiones preliminares era "considerar si había una base fáctica para proceder con la investigación", dijo el juez Hofmanski, y si la CPI tenía jurisdicción sobre los crímenes, requisitos que se cumplen en este caso.

Según el sumario de la Fiscalía, "miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos cometieron los crímenes de guerra de tortura y trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual" desde el 1 de mayo de 2013.

El mismo documento advierte de que hay una "base razonable" para creer que "miembros de la CIA" cometieron los mismos delitos en Afganistán y en otros tres Estados -Polonia, Rumanía y Lituania- contra detenidos acusados de terrorismo.

Esos países de Europa del Este, que al igual que Afganistán aceptan la jurisdicción de la CPI, albergaron centros secretos de la CIA entre 2003 y 2006 y por ello están bajo el escrutinio de la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda.

La sala de cuestiones preliminares de la CPI dijo este jueves que no había razones para limitar las pesquisas de la Fiscalía, por lo que autorizó posibles crímenes cometidos en esos centros secretos.

Aunque Estados Unidos ha rechazado la investigación, los supuestos crímenes de sus soldados y miembros de la CIA pueden ser investigados porque se habrían cometido en países que han ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal.

Por otro lado, la Fiscalía acusa a los grupos talibanes de provocar al menos 17.000 víctimas civiles mortales en ataques contra escuelas, oficina del Gobierno, hospitales, santuarios, mezquitas y organizaciones humanitarias.

Bensouda mantiene que los líderes talibanes "han declarado expresamente su política de ataque civiles públicamente en documentos oficiales".

Respecto a las autoridades afganas, la mayoría de acusaciones se refieren a supuestas torturas cometidas por el Ejército y la Policía contra detenidos.

EFE