El fiscal que detectó las maniobras contables que pueden costarle el cargo a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, compareció hoy ante una comisión del Senado y afirmó que la mandataria incurrió en "graves irregularidades".

El procurador del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira sostuvo ante la comisión de senadores, que prepara un informe sobre el caso, que las maniobras fiscales que han dejado a la presidenta al borde de un juicio político representaron "un daño equivalente al que causa la corrupción".

La investigación realizada por el fiscal constató que en 2014 el Gobierno no depositó en la banca pública, usada como agente de pago, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a familias más pobres y créditos agrícolas, entre otras obligaciones.

Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que en 2014 cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 11.428 millones de dólares).

De Oliveira explicó que esas irregularidades comenzaron en 2013, pero aclaró que al 31 de diciembre de ese año el Gobierno llegó a cubrir todas sus deudas con la banca pública.

Sin embargo, las maniobras se retomaron a inicios de 2014 y se acentuaron en el segundo semestre de ese año, cuando Rousseff fue reelegida para un segundo mandato.

Según el fiscal, parte de las deudas se mantuvieron durante 2015 y sólo fueron canceladas a mediados de diciembre pasado, con lo cual el Gobierno "estremeció la ley de responsabilidad fiscal", que regula el gasto público y la ejecución de los presupuestos.

"El Gobierno sólo pagó a fines de 2014 y lo podría haber pagado antes, pero no lo hizo porque pretendía ejecutar otros gastos con ese dinero, lo que lleva a unas irregularidades gravísimas", afirmó.

Los informes redactados por el fiscal llevaron a que el Tribunal de Cuentas (TCU), órgano de contraloría del Estado, rechazara los balances del Gobierno de 2014, lo cual se ha recomendado también para los de 2015, que aún no han sido analizados por esa corte.

Ese rechazo fue uno de los factores que dio pie a la oposición para pedir un juicio político contra Rousseff, un proceso que está en sus fases finales y que será definido en los próximos diez días.

Si la comisión de senadores respalda el inicio del juicio, la palabra pasará al pleno del Senado, que la semana próxima deberá decidir si la presidenta será procesada por supuestos "crímenes de responsabilidad", como se califica en la Constitución a las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.

En caso de que el Senado se incline por la apertura del juicio, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso y sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien ya articula fuerzas de cara al Gobierno que pudiera asumir dentro de unos 15 días.

EFE