Por Baltasar Garzón

El proceso de extradición a petición de Estados Unidos que está teniendo lugar en Cabo Verde contra el Enviado Especial Alex Saab sigue sorprendiendo a cualquiera que lo siga de cerca. Recapitulemos por un instante: en medio de una guerra política, económica y diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, Alex Saab como agente diplomático que participaba en una misión especial y humanitaria con destino a Irán, amparado por el derecho internacional, se vio obligado a aterrizar para que su avión pudiera repostar combustible. Sospechosamente, la solicitud que hizo al efecto el piloto fue rechazada tanto por Marruecos como por Argelia y se vio obligado a recalar en Cabo Verde. En violación de las normas de Derecho internacional más básicas se procedió a su detención sin respetar su inviolabilidad e inmunidad diplomáticas y se inició en su contra un proceso de extradición a instancias de Estados Unidos. Para ello se tuvo que fabricar una acusación que nunca se sostuvo y ahora tampoco se esfuerza a sostener, renunciando a siete de los ocho cargos formulados contra él. No olvidemos, además, que en el momento de la detención no existía ningún Aviso Rojo de INTERPOL y no había orden de arresto emitida por Estados Unidos en el expediente de extradición.

En medio del ruido mediático, generado por medios afines al país norteamericano, como en Colombia, estos han decidido que Alex Saab es culpable de ser el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, de defraudar, de malversar y de abusar de la ayuda humanitaria que tanta falta hace para que el pueblo venezolano pueda sobrevivir. Con ello se olvida que el verdadero problema se deriva de los efectos nocivos de un bloqueo y un embargo criminales. También se pasa por alto que en ningún caso se debe permitir la utilización del Derecho con fines políticos por muy poderoso que sea quien utiliza este artificio. El sistema afectado, ahora el de Cabo Verde, debe resistir este ataque, revestido de aparente legalidad, pero que realmente ni respeta los derechos humanos, ni la inviolabilidad diplomática, ni el debido proceso de una persona encerrada arbitrariamente en prisión desde el 12 de junio de 2020.

El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura de Cabo Verde, Bernardino Delgado ha dicho que se deben resistir las presiones y que la independencia judicial debe estar garantizada. Desde la defensa del señor Saab, de la que formo parte, exigimos esa misma independencia e imparcialidad y que, ningún agente de inteligencia, responsables diplomáticos o autoridades del país requirente, ni los propios superiores dentro de la judicatura, ni la jauría mediática desplegada, causen el efecto de que las garantías procesales desaparezcan y conviertan, como me temo, a este proceso en un proceso diabólico.

El linchamiento de Alex Saab es escandaloso y puede influir en quienes deben resolver con arreglo a Derecho y no a las presione externas. Se le acusa de corrupción, de ser nada más y nada menos que el alter ego del presidente maduro, pero ninguna prueba se aporta ni de lo uno ni de lo otro. Se le hace titular de cuentas bancarias, extremo que es falso. Incluso se afirman extremos en la demanda de extradición falsos y manipulados o, cuanto menos, generados a espaldas de la defensa. La estigmatización del señor Saab es paradigmática. Tengo que hacer un gran esfuerzo para encontrar un linchamiento similar en mi larga historia como operador jurídico. La avalancha de noticias contrarias a Alex Saab dificulta la tarea de reconocer el verdadero origen de este proceso circense, que no es por corrupción sino por un presunto delito de conspiración para blanquear activos; delito más que cuestionable y que podría quebrantar el principio de doble incriminación en Cabo Verde.

Como si de una película de los Hermanos Marx se tratase, Groucho, encarnando a Estados Unidos se dirige a Cabo Verde y le dice “estos son mis cargos contra Saab… y si no les gustan, aquí tengo otros”. Así ha sido. Con los ocho cargos originales de blanqueo de capitales, sumados a la campaña de desprestigio mediática, la Administración Trump consiguió lo que quería: detener al mismo “demonio”, mantenerlo en prisión sometido a unas condiciones salvajemente inhumanas y ganar el sí a la extradición en primera instancia de boca del Tribunal de Apelación de Barlovento. Ahora, en el segundo round ante la Corte Suprema necesitan menos ruido y ganar la batalla con más cuidado y mesura. Es así cómo se dan cuenta de que ese rosario de débiles acusaciones podría suponer, en términos fácticos, una verdadera cadena perpetua. Y esto es algo que Cabo Verde, conforme a su propia legislación, no puede asumir. El derecho caboverdiano impone la frontera de los 20 años como máxima pena a la que se puede exponer un individuo cuya extracción se conceda. Desde Washington tuvieron que sonar las alarmas y es cuando la personificación del mal pasa a ser siete veces menos malo: se retiran siete de los ocho cargos, manteniendo solo el de conspiración que, lógicamente, prevé una pena máxima de 20 años. La aritmética ahora encaja como el último trozo de un rompecabezas de 1.000 piezas. La manipulación y conveniencia de la que hace gala Washington toca techo a la hora de articular esta solución: la promesa de eliminar cargos del escrito de procesamiento viene por vía diplomática y no por la fiscalía o los jueces. La promesa, por tanto, no es vinculante y tiene un sólo objetivo: convencer a Alex Saab para que este acepte ir hasta Florida, vaciarlo de información contra Maduro tanto como puedan y luego juzgarlo por lo que quieran. Con ello, habremos asistido y participado en la deslegitimación y degradación, una vez más, del Derecho internacional de los derechos humanos, las reglas del debido procedo y a una condena decidida de antemano como instrumento de ataque político a un responsable político ajeno al afectado.

La dinámica es impecablemente arbitraria, pero no desistirán. Hasta ahora les ha funcionado. Pero cabe preguntarse hasta cuándo este camarote de desinformación, rumorología, prejuicios, vulneraciones de principios básicos jurídicos y violaciones de derechos humanos seguirá recibiendo más insólitos invitados. El último ha sido el mercadeo, regateo y descuentos en el auto de procesamiento para asegurarse que el producto tiene buena venta… pero un Estado con mínimo respeto a los estándares internacionales y a la justicia no lo compraría.

*Miembro del equipo jurídico de la defensa de Alex Saab

*Tomado del diario Nodal