"A partir de mañana se debe crear el ambiente político necesario para que se avance y superar esta lucha por el poder", clamaba hoy un diputado brasileño en el Parlamento, en medio de la mayor tormenta política que ha sacudido al país en décadas y que le ha convertido en un gigante a la deriva.

Leonardo Picciani, del Partido de Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) -exaliado del Gobierno y ahora el principal impulsor de los intentos por tumbarle-, apelaba a la responsabilidad de los políticos y de la sociedad en una jornada histórica en la que el Parlamento tiene la llave del futuro de la presidenta, Dilma Rousseff.

Pero sus palabras parecen haber caído en saco roto entre los legisladores, divididos entre los partidarios del 'impeachment' contra Rousseff y los defensores de la presidenta, que consideran que el maquillaje contable que realizó el Gobierno entre 2014 y 2015 no constituye un motivo suficiente para tumbar al Ejecutivo.

Con discursos encendidos y en medio de un clima de tensión que derivó incluso en algún enfrentamiento durante el maratoniano debate que comenzó el viernes y culminará hoy con la votación del juicio político, los diputados brasileños tratan de defender sus posturas con la justificación del bien común, aunque, como reconocía Picciani, el telón de fondo es una encarnizada lucha por el poder alimentada por la crisis económica.

Escuchando las apasionadas intervenciones de sus señorías, nadie diría que todos los partidos están salpicados por casos de corrupción y procesos judiciales pendientes y que, en la práctica, si Rousseff cae, no hay un dirigente que garantice un recambio sin roces con la Justicia.

Si el Congreso da hoy luz verde al juicio político contra la presidenta, el proceso pasará al Senado que, en caso de apoyarlo, abriría las puertas de la Presidencia a Michel Temer, el actual vicepresidente, del PMDB, el poderoso partido que ha tenido la llave del poder durante décadas en Brasil.

Pero Temer enfrenta también la amenaza de un juicio político similar al que ha impulsado contra Rousseff y su principal aliado en esta guerra es el tercero en la lista sucesoria, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, acusado de corrupción y blanqueo de dinero.

En conjunto, más de un centenar de políticos de todas las tendencias han sido condenados, acusados o están en la mira de la Justicia.

Mientras los legisladores continúan con un particular "juego de tronos" en su lucha por el poder, los brasileños toman las calles, en una expresión de la profunda fractura social del país, y crecen las voces a favor del "fuera todos" que reclaman una depuración para sacar adelante a Brasil.

Pocos en la tribuna del Congreso se atreven a hablar de los problemas reales del país: el crack económico, el aumento del desempleo y de la inflación y el derrumbe del gigante suramericano.

Un combo que ha favorecido la debilidad del Gobierno de Rousseff, celebrada por los mercados, que han llegado a batir récords durante las últimas semanas.

Por si las crisis económica y política no fueran suficientes, Brasil hace equilibrios para enfrentar las epidemias de dengue, zika y ahora también gripe A, y parece haberse resignado a perder la guerra contra la inseguridad y la violencia que se cobra cada año cientos de vidas.

En esta coyuntura, las Olimpiadas de agosto se antojan todavía muy lejanas para buena parte de la población, pero Brasil debe lavar su imagen y necesita desesperadamente que los "juegos de la crisis" sean un éxito de convocatoria para recuperar parte de las inversiones realizadas.

En duda todavía quién presidirá el país cuando se encienda el pebetero olímpico en Maracaná, el 5 de agosto.

EFE