Abogado español invita a sefardíes latinoamericanos a convertirse en europeos
Se calcula que hay alrededor de 300.000 descendientes de judíos expulsados de España viviendo en Latinoamérica.
Los más de 300.000 sefardíes latinoamericanos deben aprovechar la oportunidad histórica de convertirse en ciudadanos de la Unión Europea que les concede una ley vigente en España desde el pasado 1 de octubre, dijo en Panamá el abogado español de muchos de ellos, Rafael Quecedo.
La llamada Ley de Concesión de la Nacionalidad Española a los Sefardíes convierte a quienes sean acogidos por ella en ciudadanos no solo españoles sino también de la UE, "con todos los derechos y beneficios que eso conlleva, los mismos que los nacidos en alguno de los 28 países miembros" de esa comunidad política, explicó Quecedo.
"Hay que imaginarse, para entenderlo bien, lo que supone, por ejemplo, para un judío hacer negocios en el mundo árabe con credenciales españolas, bajo el respaldo y la protección del Gobierno de España y, en definitiva, de la Unión Europea", comentó.
Igualmente, "hay que admitir que para España resulta muy beneficioso abrir las puertas de su nacionalidad a una comunidad que, en gran parte, goza de un fuerte potencial económico".
Este abogado español, estrechamente vinculado a la comunidad internacional judía, se encuentra en Panamá precisamente para iniciar la representación legal de varios sefardíes residentes en este país latinoamericano que quieren beneficiarse de la mencionada ley.
Quecedo, quien declara su "admiración por el mundo judío" y mantiene una antigua relación personal y profesional con el presidente de la Fundación Don Juan de Borbón España-Israel, Sadia Cohen, considera que la ley aprobada por el Gobierno español constituye para los sefardíes y para la UE "un beneficio recíproco, tanto cultural como social y económico".
Recuerda además que el principio que preside esa ley, que tiene un plazo de vigencia de tres años, es "reparar el daño causado a la comunidad judía -conocida con la denominación de sefardí- que fue expulsada de España en 1492".
La medida legal en cuestión, que "responde tanto a intereses económicos y culturales como románticos, ofrece el reconocimiento de tener un linaje de hace más de 500 años" a quien pueda beneficiarse de ella, consideró Quecedo.
"Es lo más generoso que se ha hecho en materia de concesión de nacionalidad en el mundo", añadió y explicó que son al menos medio millón de personas, de las cuales unas 300.000 están en diferentes países latinoamericanos, las que pueden acogerse a la iniciativa del Gobierno español.
La primera y principal entre muchas pruebas de condición sefardí que deben aportar los interesados son "las certificaciones de los rabinos" de la comunidad a la que pertenezcan, explicó Quecedo.
Esas certificaciones y pruebas -agregó- deben ser revisadas y aceptadas por un notario en España, donde debe realizarse también un examen sobre la Constitución española y otro -del que están exentos los latinoamericanos- de idioma castellano.
La ley obliga en principio a que los interesados en acogerse a ella se presenten en España, pero Quecedo explica que, "al estar sujeta a su desarrollo reglamentario, es susceptible de que vayan cambiando algunas de sus condiciones" para que se ajuste al ordenamiento jurídico español.
Por poner un ejemplo, explicó que alguien podría invocar el principio de igualdad de derechos "en caso de no tener los medios económicos, o alegar una imposibilidad para realizar un viaje a España y para sufragar una estancia durante el tiempo que duren los trámites exigidos, que bien se podrían hacerse ante los consulados".
En principio, los trámites burocráticos oficiales para un sefardí que quiera obtener la nacionalidad española cuestan "apenas unos 80 euros", aseguró Quecedo.
El problema, en su opinión, que se le plantea a la administración española es que algunos de sus consulados y su Registro Civil "están colapsados".
Este colapso se debe, de acuerdo a Quecedo, a la reciente aplicación de las llamadas Ley de Nietos y Ley de la Memoria Histórica que, respectivamente, conceden la nacionalidad a los nietos de españoles y a los descendientes de los exiliados por la dictadura franquista (1939-1975) tras la Guerra Civil de España (1936-1939).
EFE