Poco después del atentado con granadas cometido por organizaciones criminales contra una flota de buses que se encontraban en su nevada en el municipio de Soledad, el Coronel Jhon Sepúlveda, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla declaró con vehemencia el origen de las amenazas de que vienen siendo víctimas los empresarios del transporte.

“A la comunidad que no se deje intimidar de estos actos delincuenciales los cuales están orquestados desde el interior de una cárcel, en una alianza criminal. Los invitamos a que denuncien oportunamente y que cuenten con su Policía Nacional en cualquiera de estas situaciones”, expresó el alto oficial.

Con esta declaración el Coronel Sepúlveda admitió que las autoridades tienen pleno conocimiento no solo de lo que viene ocurriendo sino también de quiénes son sus autores y desde donde se encuentran dirigiendo las extorsiones y acciones criminales, que en el transcurso de la semana igualmente produjo la muerte de un conductor de la empresa Sobusa.

Lo inexplicable del caso es que la Policía Metropolitana, que tiene certeza de la situación y el Inpec, bajo cuya custodia se encuentran los delincuentes en las cárceles, hayan sido tan omisivos para permitir que esto siga ocurriendo, sembrando terror y muerte en el Área Metropolitana de Barranquilla.

Lo que indigna al ciudadano del común es que al menos 5 condenados tengan a la ciudad y el Área Metropolitana en jaque, ocasionando muerte y zozobra.

Por eso, el Director del Inpec está en su obligación de responder por los graves hechos que ocurren al interior de las cárceles, en las cuales los criminales condenados cuentan con aparatos de comunicaciones para dirigir las acciones extorsivas.

Porque, de lo contrario, si el Estado, en cabeza del Inpec, no es capaz de evitar que 5 sujetos plenamente identificados por la entidad porque están en cárceles de máxima seguridad, sigan ordenando homicidios de manera indiscriminada, lo que valdría entonces sería la privatización de las cárceles.

Lo que está claro en esta grave situación es que el Inpec debe responder por el tráfico de llamadas desde las cárceles, por parte de no más de cinco cabecillas condenados que siguen dirigiendo a placer todas sus actividades delictivas, como las de extorsión y homicidios.

No hay que olvidar lo sucedido hace varios años cuando fueron recurrentes los atentados contra conductores de la misma empresa, así como a los vendedores del chance.

En esa oportunidad también se comprobó que eran cabecillas de organizaciones criminales que se encontraban privados de la libertad, quienes daban las órdenes delictivas desde las cárceles.

Tal cómo lo asegura el Coronel Jhon Sepúlveda, los “actos delincuenciales están orquestados desde el interior de una cárcel, en una alianza criminal”, indicando con ello que la Policía sabe quiénes son pero, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no articula los operativos con el Inpec y la Fiscalía para seguir castigando a los responsables criminales? ¿O es que acaso son incapaces de vigilar en debida forma a estos 5 criminales que ya están condenados?

Realmente, falta decisión y contundencia para seguir combatiendo el crimen organizado en Barranquilla. Y lo que es peor, cuando todos saben que se viene gestando desde las cárceles con la plena identificación de sus responsables.

¿O es que esperan que continúen los homicidios y los actos terroristas?