Paulo Xavier Romero Julio, quien se desempeñaba como encargado de la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, fue separado del cargo, por haber sido involucrado en presuntos actos de corrupción.

La decisión de cesar el contrato al fiscal delegado Romero Julio la tomó la propia Fiscalía General de la Nación ante una investigación del periodista Daniel Coronell, en la que reveló unas grabaciones en las que el ahora Fiscal Delegado presuntamente solicitaba favores al concejal de Cartagena Jorge Alonso Useche Correa, en la época en que se desempeñó como Fiscal en la capital de Bolívar.

Los audios tenían que ver con diálogos en los que discuten supuestas actividades corruptas relacionadas con una investigación sobre las irregularidades en la elección de la Contralora de Cartagena, Nubia Fontalvo, y que enredan al exalcalde de Cartagena Manolo Duque, en hechos que datan de 2016.

La Fiscalía tomó inmediatamente la drástica decisión y en un comunicado consignó lo siguiente: 

“Con relación a la información de prensa que da cuenta de posibles actuaciones irregulares del fiscal Paulo Xavier Romero Julio, la Fiscalía General de la Nación informa:

1. Ante la gravedad de los hechos revelados a través de una investigación periodística, los cuales fueron conocidos por la Fiscalia el día de hoy, se dio por terminado el encargo que cumplía el doctor Romero Julio en la fiscalía séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

2. Se harán las compulsas de copias a las instancias competentes para que se investigue penalmente el actuar del doctor Romero Julio, mientras se desempeñó como fiscal de la Seccional Bolivar en 2016; así como otras conductas que podrían constituirse en delito y se derivan de su encargo transitorio en la citada fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia

3. La Fiscalía General de la Nación rechaza cualquier acto que ponga en duda la dignidad y la honra de la administración de justicia, Asimismo, reitera el compromiso de velar por el correcto actuar de sus funcionarios, y proceder con determinación ante cualquier comportamiento que vaya en contravía de principios inquebrantables como la transparencia y la legalidad.