El Ejército Nacional está inmerso nuevamente en un escándalo de marca mayor por el polémico y peligroso comportamiento de los militares descubiertos en el municipio de Tierralta, Córdoba.

Los soldados llegaron a la vereda Bocas del Manso y empezaron a sacar de sus viviendas a los habitantes de esta pequeña población.

Con fusiles en mano y hasta pistolas, y encapuchados, empezaron a intimidar a la comunidad, sin importarles la presencia de niños. Incluso, uno de los militares amenazó con una pistola a una mujer que tenía un pequeño en sus brazos.

La comunidad grabó a los militares que, en un principio fueron señalados como disidentes de las FARC, por parte del Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien denunció las amenazas.

Elementos claves y pronunciamiento

El Ejército Nacional empezó a investigar lo ocurrido y dos elementos fueron claves para descubrir que se trataba de miembros de la Fuerza Pública.

Los soldados portaban fusiles Galil Ace 23, de uso exclusivo del Ejército, fue la primera pista para descubrirlos.

Otro elemento clave fue el cartucho de la vida, de distintivo amarillo que también es de uso exclusivo del Ejército.

La Fuerza Armada también revisó las coordenadas de las tropas que están en la zona y esto sirvió como dato relevante para confirmar que sí eran militares los que protagonizaron este polémico suceso.

En la mañana de este miércoles, el Ejército emitió un comunicado en donde admitió que los que amenazaron a la comunidad eran militares.

"Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 "Batalla de Junín", de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional", afirmó el Ejército.

La institución armada lo planteó inicialmente como una posibilidad, pero después anunció la apertura de una indagación disciplinaria.

Además, rechazó "este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional, donde siempre se resalta el respeto absoluto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario".

Entre los investigados estarían un teniente y dos suboficiales. 

Investigaciones y acciones

La Fiscalía General de la Nación se pronunció y conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y hacen presencia en el territorio.

El Fiscal General, Francisco Barbosa, aseguró en la noche de este miércoles que será la justicia ordinaria y no la penal militar la que investigue estos sucesos. 

“No vamos permitir que la Jurisdicción Penal Militar se meta en una situación que tiene que ver con los Derechos Humanos de la población. Es un asunto ordinario y de la Fiscalía y los Derechos Humanos para que hoy se esté excluyendo a la justicia ordinaria”, indicó el Fiscal Barbosa. 

La Procuraduría General de la Nación también envió una Comisión Especial para investigar sí hubo abuso de autoridad por parte de los militares.

El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, expresó que lo sucedido en Tierralta, Córdoba, "es de suma gravedad" y anunció la adopción de drásticas decisiones.

"Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares", agregó.

"Es un hecho aislado a lo que profesamos nosotros, que es el respeto a los DDHH y la correcta aplicación del DIH. Aquí los responsables, de llegarse a determinar, asumirán las consecuencias al nivel que corresponda”, expresó por su parte Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares.

Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades sino a las propias Fuerzas Militares.

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 13, 2023

Presunta violación

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, rechazó las acciones de intimidación y violencia contra miembros de la comunidad de la vereda Bocas del Manso, en zona rural del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, que serían atribuidas a integrantes de la fuerza pública.

“Solicitamos a las autoridades civiles y militares adelantar con la mayor celeridad las investigaciones relacionadas con lo sucedido en Tierralta y en particular con el actuar de los soldados del Batallón de Infantería N. 33 ‘Batalla de Junín’, de la Décima Primera Brigada, quienes estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional, según lo advierte el Comando de la Séptima División del Ejército”, aseguró el Defensor del Pueblo.

Un equipo de la Regional Sur de Córdoba de la Defensoría del Pueblo se reunió ayer directamente en Tierralta con líderes de la comunidad de Bocas del Manso, que está a 5 horas de la cabecera municipal, para escuchar las denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos por parte de miembros del Ejército.

“Resulta muy grave que, además de los hechos de amenazas e intimidaciones, los líderes de la comunidad también denuncian un hecho de abuso sexual cometido contra una mujer indígena. Por lo tanto, las autoridades deben esclarecer esta situación a la brevedad y garantizar la seguridad para la población”, recalcó Carlos Camargo Assis.

Regreso del paramilitarismo

Uno de los últimos pronunciamientos fue el del Presidente de la República, Gustavo Petro, quien mostró su indignación a través de la cuenta de X.

"Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno", expresó el mandatario.

"Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos", añadió el Jefe de Estado.

Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos. https://t.co/7I3HEtp27J

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 13, 2023

Este nuevo escándalo sacude al Gobierno de Gustavo Petro, que se ha caracterizado por pregonar la protección de los derechos humanos.

La oposición ha criticado que el Presidente esté por fuera del país, cuando ocurren este tipo de situaciones e incluso, sectores de la oposición exigen la renuncia del Ministro de Defensa.

Las viejas prácticas ponen en el ojo del huracán al Ejército Nacional, en medio de la crisis de seguridad que afronta el país.