Unidades del CTI, en coordinación con la Fiscalía 12 Seccional de la Administración Pública y Anticorrupción de Valledupar, capturaron a 9 personas que presuntamente estarían implicadas en fraudes para que trabajadores obtuvieran pensiones por invalidez.

El fraude, según las investigaciones, accederían a los 3.600 millones de pesos.

Los presuntos implicados tenían órdenes de capturas vigentes por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y privado y estafa agravada.

Según la Fiscalía, funcionarios que integraban la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, durante el periodo 2016 y 2017, supuestamente elaboraban dictámenes de pérdida de capacidad laboral a cambio de dinero que beneficiaban de forma fraudulenta a trabajadores de empresas como Cerrejón, Drummond, Prodeco, empleados de entidades públicas y de la Policía Nacional.

De esa manera, muchos trabajadores obtuvieron pensión por invalidez con patología de enfermedad común de tipo psiquiátricas.

Del mismo modo las autoridades descubrieron que los aspirantes de obtener esas pensiones ilegítimas acudían a los bancos para copar su capacidad de endeudamiento y también iban a las compañías de seguro para adquirir pólizas para cuando obtuvieran la pensión el dinero pasaría a ser cobrado directamente por los bancos y las aseguradoras.

Por ese hecho, más de 200 trabajadores se habrían beneficiado por esta situación irregular.

No se descarta que en los próximos días también se presenten capturas en La Guajira, ya que una de las empresas afectadas se encuentra situada en este departamento.