Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI de la Fiscalía, hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de Luis Enrique Gómez Issa, exalcalde del municipio de Campo de la Cruz, y de Roberto Efraín Mercado Paz, jefe de presupuesto municipal.

Los dos exfuncionarios fueron imputados por hechos relacionados con la suscripción de un convenio de asociación entre la administración municipal y la Fundación Enlace ONG, que buscaba garantizar la entrega de 300 desayunos diarios y 370 paquetes alimenticios a los alumnos más vulnerables de Campo de la Cruz. El costo del contrato ascendía a $128’533.701.

En el transcurso de la investigación, según la Fiscalía, se logró determinar que el entonces alcalde habría malversado los recursos destinados para el convenio y, supuestamente, los utilizó para pagar embargos y otros compromisos del municipio. De igual forma, se estableció que la fundación contratista recibió el 30% del valor del convenio, nunca obtuvo el excedente y quedó pendiente el suministro de 900 desayunos para estudiantes de estrato 1 y 2.

Los exfuncionarios fueron detenidos en los puestos de votación a los que se acercaron para participar en las recientes elecciones presidenciales, del pasado 17 de junio. A los dos les fueron formulados cargos.

A Jorge Gómez Issa, exalcalde, le formularon cargos como contrato sin cumplimento de los requisitos legales, peculado por apropiación oficial diferente, uso de documento falso y fraude procesal (éstos dos últimos delitos, por haber modificado los documentos que sustentaban el presupuesto municipal y así dar una apariencia de legalidad ante la Contraloría Departamental).

Y a  Roberto Efraín Mercado Paz, exjefe de presupuesto, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por aplicación oficial diferente. Una vez se realizó la legalización de la captura, la imputación y se procedía a solicitar la medida de aseguramiento, se presentaron desórdenes por parte de algunos pobladores que impidieron que se culminara con la diligencia judicial. Por lo anterior y ante la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó el traslado inmediato del juzgado para que el Juez de Campo de la Cruz pueda adelantar en Barranquilla la audiencia en la que se definirá la medida para los investigados.

*Con información de la Fiscalía General de la Nación.