La acción investigativa articulada de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió identificar a una red ilegal señalada de arrasar con los recursos naturales en inmediaciones de las ciénagas El Popal y Simití, en el sur de Bolívar, para avanzar en la agresiva extracción de oro.

El material probatorio da cuenta de que esta organización sacaba entre 400 y 500 gramos de mineral semanalmente, y los trasladaba hasta una comercializadora en Santa Rosa (Bolívar).

Para tratar de ocultar el verdadero origen de la producción y respaldar la venta, supuestamente, recurrían a diferentes maniobras.

En algunos casos contactaban barequeros en diferentes regiones del país y les pagaban cerca de $120.000 para que les permitieran usar sus documentos y autorizaciones para explotar yacimientos mineros. De esta manera, a nombre de otras personas y con una aparente fachada de legalidad continuaban con la actividad criminal.

Por estos hechos, ocho personas fueron capturadas. Entre ellas, Leonidas Navarrete Palacios, señalado como el principal articulador del andamiaje ilícito; y su hijo Pedro Navarrete. Adicionalmente, fue detenido Edward Alonso Vega, gerente del Banco Agrario en Santa Rosa del Sur (Bolívar).

El directivo presuntamente aportaba dinero para la compra de maquinaria pesada y financiar el funcionamiento de los entables mineros.

Durante las diligencias judiciales realizadas simultáneamente en San Pablo, Santa Rosa y Simití (Bolívar) fueron incautados 6 computadores, 2.230 sobres con datos de registro de barequeros, 7 celulares y 21 libros contables.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimientos, invasión de área de especial importancia ecológica, explotación ilícita de yacimientos mineros y receptación.

Ante la contundencia de los elementos presentados, los procesados aceptaron cargos.

El juez de control de garantías les impuso medidas no privativas de la libertad con múltiples restricciones y compromisos como no retornar a los territorios afectados por la minería ilegal que ejercieron, poner a disposición de las autoridades administrativas la maquinaria pesada, cumplir jornadas de reforestación en las áreas aledañas a las ciénagas golpeadas por la extracción de oro y atender las citaciones judiciales.

*Con información de la Fiscalía General de la Nación.