Los ahora adultos que cuando niños tuvieron que desplazarse para no ser reclutados por las FARC, podrían ser reconocidos en la actualidad como víctimas en el marco del delito ‘Reclutamiento ilícito en grado de tentativa’, que estudia la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), dentro del macrocaso 07 (Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado), solicitó la Procuraduría.

Es el caso de miembros de varias familias del Meta que luego de 21 años de haber salido desplazados para no ser reclutados por el Frente 27 de las FARC, se volvieron a encontrar.

Ahora esperan que ese vínculo forzado con las guerrillas cuando eran niños, se les tenga en cuenta por la JEP.

Estas víctimas vivían junto con sus familias en los municipios de La Julia y El Triunfo, Meta.

“Allá enseñaban a menores de edad a hacer ejercicios, a marchar y les hacían cantar el himno del grupo armado. Cuando un niño se encontraba apto para la guerrilla era reclutado”, asegura una de las víctimas que busca su acreditación en la JEP.

Afirma que su madre la decidió sacar de su hogar a escondidas una noche de 2001 y huir, primero, hacia el pueblo de La Uribe, y finalmente a Bogotá.

En ese entonces su padre ya había sido fusilado por las FARC al tratar de impedir el reclutamiento de sus hermanos en 1999.

Otra víctima recordó que los guerrilleros empezaron a llegar a su escuela para entrenar niños de entre 5 y 6 años. “Evaluaban sus capacidades físicas y a los más ágiles los inscribían en el grupo 'Los Pioneros'. Mi hermano alcanzó a disparar y era el que ellos se querían llevar, el día que mi mamá supo de la amenaza tomó la decisión de que debíamos abandonar y dejar todo”.

Una de sus hermanas recuerda que “llevaban a los niños a nadar para medir su resistencia al agua, jugaban a los pistoleros con distintos palos y luego les enseñaban a disparar antes de reclutarlos”.

No obstante los testimonios, la JEP no reconoce a estos solicitantes como víctimas dentro del macrocaso 07, por considerar que los intentos de reclutamiento forzado no se materializaron y que solo fueron víctimas del delito de desplazamiento forzado.

Ante esta posición de la JEP, la Procuraduría solicitó en un recurso de apelación revocar la decisión y reconocerlos como víctimas de reclutamiento ilícito de menores de edad argumentando que, de no hacerlo, la JEP estaría contrariando los principios que enmarcan el modelo de justicia transicional.

“La no acreditación de los peticionarios desconoce la definición constitucional y legal de víctima, así como los estándares de protección dirigidos a quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos”, aseguró el Ministerio Público en su solicitud.

La Procuraduría añadió que “es evidente que los peticionarios sí son víctimas del delito de reclutamiento ilícito de menores de edad, en modalidad de tentativa, y deben ser reconocidos dentro del macrocaso 07, al margen de que se realice el mismo reconocimiento dentro del macrocaso 10 por crímenes diferentes”.

También recordó que la tentativa de reclutamiento de menores de edad está reconocida como delito en el Código Penal colombiano y en el Estatuto de Roma, a nivel internacional.