Tras remover 37.022 metros cúbicos y escombros, equivalentes a 2.278 volquetadas de material, forenses de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) excavaron hasta 15 metros de profundidad para recuperar estructuras óseas que preliminarmente corresponden, al menos, a cuatro personas, entre ellas, una mujer joven.

Todas las víctimas presentan signos de violencia peri mortem, es decir, como causa de muerte, y lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, específicamente tiros de gracia. En la escena, además, los peritos forenses han encontrado objetos asociados que permitirán identificar a las personas y determinar las causas y circunstancias de su muerte, así como a los responsables.

Al menos dos de las personas fueron enterradas en el mismo lugar donde fueron asesinadas, lo que confirma que La Escombrera no solo fue un sitio destinado a la desaparición, sino también un lugar de ejecución. En al menos uno de los casos, existe evidencia suficiente para afirmar que la víctima fue reducida a un estado de total indefensión y sometida a malos tratos, sin descartar la comisión de torturas.

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Igualmente, magistrados respondieron a las palabras de que las propias familias enterraron a sus seres queridos en este sector: "Es desconocer y negar la magnitud del sufrimiento que han atravesado por décadas. Es también menospreciar la incansable lucha que las ha mantenido firmes en su búsqueda de la verdad. Es ignorar el trabajo de investigación judicial que desarrolla la Jurisdicción y que en su momento realizó la Fiscalía General de la Nación". 

En la Comuna 13 de Medellín, la Unidad de Búsqueda ha registrado a 502 personas dadas por desaparecidas. Para acelerar el proceso de identificación de los hallazgos óseos, la JEP reiteró que es crucial que quienes aún no hayan aportado muestras de ADN de sus familiares desaparecidos en esta zona del país lo hagan.