La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) ordenó a las entidades de más alto nivel del Estado establecer una ruta metodológica clara que permita coordinar y desplegar acciones de manera eficaz para responder a las numerosas solicitudes de familias que buscan a sus seres queridos.

De acuerdo con la Justicia Especial para la Paz, hasta la fecha, la Sección ha adoptado 23 medidas cautelares para proteger zonas donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.

De acuerdo con estas medidas se ha permitido la exhumación de 1.265 cuerpos, de los cuales 94 han sido identificados y 61 entregados dignamente a sus familias.

En rueda de prensa, funcionarios de la JEP precisaron que la articulación de esfuerzos entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda, el Ministerio de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Salud y Protección Social permitirá responder de manera más eficiente a las víctimas que buscan a sus seres queridos.

El paquete de medidas adoptadas por la Sección incluye la convocatoria para iniciar un diálogo interinstitucional entre entidades nacionales y territoriales el próximo 3 y 10 de julio.

Además, la JEP ha ordenado a las entidades del Estado de más alto nivel conformar tres mesas técnicas que desarrollarán estrategias para la búsqueda de personas desaparecidas. Entre ellas, se contempla diseñar un plan nacional para la toma masiva de muestras biológicas que permita agilizar su recolección.

“Mediante la articulación a nivel nacional, la magistratura busca definir la ruta y los protocolos forenses necesarios para la salvaguarda y protección de los cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado en proyectos de infraestructura de transporte en el país. Para la JEP, el desarrollo económico debe armonizarse con los diferentes procesos de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. En este sentido, la estrategia desplegada por la Jurisdicción contempla la articulación que se llevará a cabo en sitios de interés forense distintos a cementerios”, señala.

Con este fin, la JEP ordena una reunión el 3 de julio de 2024 con el objetivo de definir la metodología y objetivos de la Mesa Técnica que solicitaron las víctimas. En esta reunión se contará con la participación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Vivienda y las organizaciones solicitantes, en el marco de la medida cautelar nacional adoptada para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada.