La Fiscalía General de la Nación, en audiencia pública, le imputó este jueves a la exgobernadora de La Guajira Oneida Rayeth Pinto Pérez, los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Ante el Juzgado 35 Penal Municipal de control de garantías de Bogotá, la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción advirtió que la procesada tiene el poder político de la región y en “cuerpo ajeno” domina el destino de los contratos de alimentación para los menores de edad.

“Es la dueña, ama y señora del poder político en la región y del dinero para el bienestar de los niños, y en Albania (La Guajira), era tan así, que incluso, le ofreció a su conductor ser alcalde de esta localidad y con su apoyo político llegó a ocupar ese cargo, desde el cual se malversaron los fondos del programa que buscaba reducir la mortalidad infantil en el departamento”, agregó el fiscal del caso.

Los hechos que fundamentaron la investigación judicial se originaron en el año 2011, en el citado municipio de Albania, en donde fueron denunciados actos corrupción en convenios interadministrativos suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones de pesos.

Insistió en que la procesada dominó y determinó la voluntad  del alcalde de Albania, Yan Keller Hernández, funcionarios de  este municipio y otros contratistas de la ESE Hospital San Rafael.

“Creó una empresa criminal al interior de la Alcaldía de Albania con el único y protervo fin de dominar el contrato del programa de reducción de la mortalidad infantil”.

Por esta situación la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en Bogotá para la exgobernadora.