Al término del juicio adelantado en contra del expresidente de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil, la Fiscalía General de la Nación pidió al juez de conocimiento, durante los alegatos de conclusión, que profiera una condena ejemplar contra el procesado por el delito de tráfico de influencias de terceros.

El exmagistrado es acusado de interceder, ante funcionarios de la máxima corporación, con el propósito de inducirlos a favorecer, en sede de revisión, a la empresa Fidupetrol con una tutela para que este recurso fuese seleccionado y fallado de acuerdo con sus intereses particulares.

Los hechos materia de la investigación se registraron entre el 18 de octubre y el 27 de marzo de 2014 en Bogotá.

Como elementos materiales de prueba fueron exhibidas intercepciones telefónicas de conversaciones sostenidas entre el exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas Silva y el abogado Víctor Pacheco, sobre 500 millones de pesos para favorecer la tutela y dejar sin vigencia la condena contra Fidupetrol.

En este episodio, sostuvo el fiscal que, aunque el funcionario judicial Vargas Silva se negó a tal ofrecimiento, sí se demuestran los acercamientos con fines ilícitos de Escobar  Gil por intermedio del abogado Pacheco para alcanzar sus objetivos ilícitos.

"Se ha valido de su calidad de exfuncionario del Estado, de sus amistades, de su posición, para favorecer con la tutela a Fidupetrol", explicó el fiscal al juez de conocimiento.

Asimismo, relató los detalles de un almuerzo en un prestigioso restaurante en el norte de la capital, en medio del cual Escobar Gil —sin mencionar que estaba al servicio de Fidupetrol— pretendió inducir a los magistrados asistentes a privilegiar el fallo a favor de esa compañía.

Insistió el fiscal que se trató de presiones indebidas de Escobar Gil a los magistrados del alto tribunal.

"No se puede utilizar la libertad contractual para enmascarar y darle manejo ilícito a una tutela", agregó el delegado del ente acusador al referirse a un contrato de prestación de servicios del exmagistrado Escobar Gil con Fidupetrol.

Finalmente la tutela fue fallada en contra de las pretensiones del procesado por un sustento no claro y razonable del presunto derecho fundamental afectado.

La pena a la que se expone el exfuncionario oscila entre los 4 y 8 años de prisión.