La Fiscalía General de la Nación anunció que el próximo 1o de octubre imputará al empresario Julio Gerlein Echeverría en la investigación por el escándalo develado tras el allanamiento el pasado 11 de marzo de la sede política de la entonces candidata al Senado Aida Merlano.

Se le imputará a Gerlein Echeverría por su presunta participación en esta organización y el otorgamiento de financiamiento electoral en contra de las leyes vigentes.

La Fiscalía asegura contar con material probatorio para adelantar el proceso judicial por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales.

En las audiencias en las que se procesa a siete políticos en el departamento del Atlántico, se han revelado videos y audios que involucraría a Gerlein Echeverría en la financiación de la campaña de Merlano.

Para la Fiscalía “las investigaciones dejan al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático”.

Esta la llamada tercera fase de la “Operación Casa Blanca” en la que los investigadores de la Fiscalía develaron una red de compra de votos para favorecer a la candidata Aida Merlano y a la candidata Lilibeth Llinás, en Barranquilla y municipios del Atlántico.

El fiscal de conocimiento dispuso citar a audiencia de imputación de cargos al empresario Julio Gerlein, por su presunta participación en esta organización y el otorgamiento de financiamiento electoral en contra de las leyes vigentes.

Con base en el recaudo probatorio, el próximo 01 de octubre -fecha asignada por el centro de servicios de Barranquilla, la Fiscalía imputará a Gerlein los siguientes delitos:

1. Concierto para delinquir

2. Corrupción al sufragante

3. Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales
 

Balance de investigaciones
 

La Fiscalía estableció que la organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas.

A la fecha se han adelantado la Fase I y II de la “Operación Casa Blanca” con un balance de: Siete capturados por los delitos de corrupción al sufragante y el delito de concierto para delinquir agravado.

Asimismo se han realizado audiencias de imputación de cargos a la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

Los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo y los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

También fueron judicializados 20 líderes y seis (6) personas dedicadas a la logística de compra de votos dentro de la “Casa Blanca”.

Y el fiscal de conocimiento compulsó copias el 20 de junio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora electa Aída Merlano, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.