La Fiscalía General de la Nación formuló imputación a once personas entre exfuncionarios, un contratista, y  un interventor de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por presunta corrupción en el marco de la macroinvestigación en el llamado proceso Odebrecht.

De acuerdo con la agencia de investigación judicial, estas personas habrían tenido participación en actos irregulares detectados en cuatro adiciones al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, que tenía por objeto la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, que incluye a la multinacional brasileña.

Sobre estas personas la Fiscalía detalló: “Se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones, para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht.”

De acuerdo con el ente investigador, las pruebas dan cuenta que actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes No. 3 del 15 de julio de 2013. 

Estudios que contrató para: el tramo Ocaña – Gamarra; No. 6 del 14 de marzo de 2014, que incorporó la obra Ocaña - Gamarra y cambió la forma de pago; No. 7 del 14 de mayo de 2014, que también modificó en dos partes la forma de pago; y No. 9 del 4 de diciembre de 2015, que varió cinco aspectos relacionados con el desembolso del dinero.

Asimismo, según la Fiscalía, con estas actuaciones los exfuncionarios, contratista y el exinterventor, habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original y permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto Ruta del Sol II; es decir, fueron vulnerados principios esenciales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía.

El ente aseguró que fueron destinados, en favor del concesionario contratista del cual hacía parte la multinacional brasileña Odebrecht, 3.177 millones de pesos para los estudios y diseños de la obra Ocaña – Gamarra. 

Dichos dineros fueron asegurados con vigencias futuras sin las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

Está demostrado que hubo perjuicios al Estado, en el entendido de que se incrementó el presupuesto original y fueron girados anticipos para brindar flujo de caja al concesionario, dice la Fiscalía, razón por la cual estas personas deben responder por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. 

Ninguno de los mencionados aceptó los cargos.

El listado lo integran:

Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.

María Clara Garrido Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera.

Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración.

Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.

José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros.

Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros.

David Leonardo Montaño García, experto GGC2.

Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual.

Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).

César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.

Miguel Ángel Bettín Jaraba, exinterventor del contrato.