A través de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal al exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, en su periodo a cargo de junio de 2014 a diciembre de 2015.

Según la Fiscalía General de la Nación, el entonces mandatario habría fallado en sus deberes de vigilancia y supervisión de la contratación, y permitió que se destinaran y pusieran en riesgo recursos de regalías en los dos procesos contractuales que avaló.

"Este contrato recibió una adición por lo que el valor total ascendió a $41.064’418.760. El material de prueba da cuenta de que se presentaron 10 posibles deficiencias en los estudios previos. Se identificaron errores de cálculo y falta de justificación en los costos establecidos, números de raciones previstas, instituciones a cubrir y cantidad de alumnos beneficiados", dijo la Fiscalía en un comunicado. 

Asimismo, agregó que se tiene constancia de la no realización de una consulta previa a las comunidades indígenas, en la que los menores de edad serían los más favorecidos, sin tomar en cuenta los factores nutricionales y calóricos de la dieta, fijándolos con lineamientos técnico-administrativos que no estaban vigentes, por lo tanto no brindaban el aporte nutricional completo.

La Fiscalía resalta que en las etapas precontractual y contractual, presuntamente, se incumplieron los requisitos de ley con el ánimo de favorecer al contratista. A esto se suma que los peritos contables del CTI detectaron un detrimento patrimonial superior a 13.200 millones de pesos, representado en sobrecostos y pagos por raciones que nunca se entregaron.

"En las verificaciones se acreditó que la Gobernación de La Guajira pagó $1.759 por cada complemento de la mañana, un valor superior al definido por el Ministerio de Educación, de $971 unidad. De otra parte, desembolsó $2.097 por cada almuerzo, una cifra por encima de los $1.320 establecidos por el Gobierno Nacional", se dice en el comunicado. 

También se estableció que la Gobernación no dispuso de condiciones ni lugares para que los estudiantes tomaran los alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en las aulas, de pie, en el piso o al aire libre.

Por último, la Fiscalía indica que las inspecciones dan cuenta de que el contrato nunca fue ejecutado a cabalidad.