Luego de que en un comunicado el Ejército informó que en una operación militar realizada este lunes 28 de marzo en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, fueron dados de baja 11 disidentes de las FARC pertenecientes al frente 48 de este grupo terrorista; organizaciones sociales y la Fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo refutaron dicha afirmación, y sostienen que no hubo tales combates, pues estas personas estaban en un bazar y allí no había presencia de sediciosos.

La Red de Derechos Humanos del Putumayo y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), denunciaron que entre los 11 muertos que dio cuenta el Ejército se cuentan Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso; Ana María Sarria Barrera, esposa del presidente de la Junta; Brayan Santiago Pama, un menor de edad de 16 años y Pablo Panduro Coquinche, Gobernador del Cabildo Kichwa. 

Agregan que también entre las personas muertas y presentadas como abatidas en combate estaría el civil Oscar Olivo Yela y otras dos conocidas como ‘Pequeño’ y ‘Cuéllar’, habitantes de la zona.  

El secretario de gobierno de Putumayo, Carlos González, reportó que los 11 cuerpos están en cadena de custodia en Mocoa.

“Esperamos que Medicina Legal avance  con los estudios forenses que nos permitan esclarecer la situación presentada”, manifestó.

Sobre la denuncia de que las personas estaban en un bazar y no había presencia de las disidencias de las FARC, señaló que tras los reportes de la sociedad civil, activaron la participación de organismos multilaterales como la Misión de la ONU, o la OEA, para atender las denuncias.