La Corte Constitucional ordenó nuevamente medidas de seguridad para proteger a los excombatientes de las FARC de "hechos victimizantes" en ocho regiones del país, después de que desde la firma del acuerdo de paz hayan sido asesinados 425 firmantes y del reciente desplazamiento forzado en un asentamiento, informó la entidad este viernes en un comunicado.

La Corte hace seguimiento a una sentencia de 2022 donde ya pedía medidas de protección para los firmantes, pero ahora alerta del riesgo de desplazamiento forzado de la población que habita el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, los territorios asignados para que los excombatientes vivieran y se adaptaran e integraran en la vida civil, de Miravalle, en Caquetá.

Allí, el pasado mes casi un centenar de personas, entre exguerrilleros y sus familias, tuvieron que desplazarse por la violencia y amenazas de las disidencias de las FARC y fueron reubicados por el Gobierno.

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Además, la Corte da cuenta de otros 32 asesinatos de excombatientes en los últimos 12 meses.

También existe evidencia de amenazas y atentados y varias alertas tempranas de la Defensoría del pueblo y desplazamientos forzados.

Estos hechos ponen en riesgo los derechos y obligaciones de los firmantes del acuerdo como "la dejación de armas, la participación en política, el liderazgo social y con su comparecencia ante el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, entre otros", explicó la Corte.

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La resolución, firmada por la magistrada Cristina Pardo, determinó ordenar que se impulse la investigación de los responsables e implementar las medidas de protección.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de año han sido asesinados 17 excombatientes de las FARC, el último ocurrió el pasado domingo en Toribío (Cauca) cuando Juan Evelio Rivera fue asesinado en una zona rural en medio de disputas entre las dos escisiones de las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central (EMC). 

EFE