El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 206 millones de pesos a la candidata a la Gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez, para reparar los daños morales causados por una captura de que fue objeto en 2008, cuando se desempeñaba como como presidenta del Senado.

Gutiérrez resultó detenida por un caso de presunto tráfico de influencias del que fue absuelta. 

La denuncia se originó porque como presidenta del Senado, en una intervención señaló a la actual congresista Piedad Córdoba de viajar por el mundo desprestigiando a Colombia. 

Como sustento de su denuncia, la entonces senadora presentó las facturas del hotel en el que Córdoba se habría hospedado en Ciudad de México, y que habría sido pagado por un partido político de ese país.

Esta denuncia se convirtió en una investigación contra la expresidenta de la corporación en la Corte Suprema de Justicia por presunto tráfico de influencias, pues habría usado su cargo para que un funcionario del DAS le entregara dichas facturas. 

Durante el tiempo de la investigación la Corte ordenó la captura de Gutiérrez. Sin embargo, tiempo después, la ahora candidata a la Gobernación de Cundinamarca fue absuelta, ya que no había plena confianza en la declaración de la funcionaria. 

La excongresista demandó entonces a la Rama Judicial por haberla privado de la libertad por un delito que no cometió, por lo que pidió ser indemnizada por daños y perjuicios sufridos durante el proceso judicial. 

Para el Consejo de Estado, la parte demandada, que sería la Rama Judicial "no acreditó que la víctima directa hubiera realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para la imposición de la medida de aseguramiento". 

Así mismo, de las pruebas aportadas al proceso, la Sala tampoco encuentra configurada la culpa exclusiva de la víctima, por lo que se dio el fallo a su favor.