El Consejo de Estado condenó a la Nación, al Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa, a pagar la suma de 3.000 millones de pesos por el desplazamiento de decenas de campesinos a raíz de las masacres cometidas por paramilitares en el corregimientos de La Granja, jurisdicción del municipio de Ituango, ocurridas el 11 de junio de 1996.

La sentencia del Consejo de Estado declaró como responsable al Ejército de Colombia porque no le ordenó a sus oficiales realizar los operativos pertinentes para evitar la incursión armada.

Por esa razón, La Nación se verá obligada a pagar la suma de 50 millones de pesos a cada una de las 60 víctimas que dejó el desplazamiento masivo.

Las masacres fueron ordenadas por los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso para dar con supuestos colaboradores de la guerrilla de las FARC.

Ese mismo día torturaron y asesinaron a cuatro campesinos, acto criminal que provocó el desplazamiento del resto de familias del corregimiento, quienes, para salvar sus vidas, abandonaron sus casas y huyeron del lugar.

Pese a las advertencias de la Defensoría del Pueblo de la época frente a la inminente llegada de los paramilitares, ninguna entidad, ni siquiera las fuerzas armadas, hicieron algo por evitarlo, lo que valió esta nueva condena contra esas instituciones del Estado.

El fallo de 19 páginas da cuenta que algunas personas que resultaron afectadas por esos hechos del conflicto, en su momento, no fueron reconocidas como víctimas.

Si bien la Corte condenó al Estado por la muerte de varios habitantes del sector y reconoció a más de 30 víctimas de desplazamiento, no ordenó la indemnización, sino que impulsó a que se garantizara el regreso de los desplazados al territorio.

“El Estado deberá realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los exhabitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja que se hayan visto desplazados puedan regresar a El Aro o La Granja, según sea el caso y si así lo desearan”, ordenó en su momento la sentencia internacional que, según el Consejo de Estado, ha sido incumplida.

En una decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia los afectados por desplazamiento tuvieron luz verde para ser reparados. 

El consejero Martín Bermúdez, con su ponencia, ratificó la condena contra la Nación y ordenó que los beneficios de reparación se extendieran a personas que no fueron tenidas en cuenta por la justicia años atrás.

“En este proceso se pretende la declaratoria de responsabilidad estatal y la indemnización de perjuicios por el desplazamiento forzado de los habitantes de La Granja ocurrido en junio de 1996; y lo que se advierte es que algunos miembros del grupo fueron parte en el proceso ante la Corte Interamericana en el cual existió decisión de fondo sobre su reparación en sentencia del 1° de julio de 2006″, explica el consejero en el fallo.

La decisión del Consejo de Estado llegó por cuenta de un recurso que presentaron las víctimas de desplazamiento en donde alegaron que, además, de su retorno a los territorios debían ser reparados por los daños morales que tuvieron en la época y que no solo dejó afectaciones en su vida cotidiana sino también fomentó hechos de vulnerabilidad a su integridad y la de sus familias.

La masacre por la que hoy es condenada la Nación ocurrió un martes de junio de 1996 cuando aproximadamente 30 paramilitares encabezados por Carlos Castaño incursionaron en el corregimiento y obligaron a la población a cerrar los establecimientos públicos y permanecer confinados en la plaza del pueblo.

Lo que dicen las investigaciones es que cuando todos estaban reunidos, los subversivos torturaron a cinco campesinos que eran líderes sindicales y fueron acusados de ser auxiliadores de las extintas Farc.

Sobre la responsabilidad del Ejército y la fuerza pública, las investigaciones dan cuenta que omitieron su labor de proteger a la ciudadanía y por el contrario permitieron las incursiones de los paramilitares a la zona para que con ello, además, de masacres fomentaran temor en la población lo que derivó en desplazamientos masivos.